Desde tempranas horas de este viernes, estudiantes y docentes de 16 Centros Educativos Departamentales Municipales (Cedem) del departamento Central, llegaron hasta la sede de la Gobernación para exigir primeramente, que la institución a cargo del colorado cartista Hugo Javier González Alegre (imputado por lesión de confianza y otros hechos) devuelva los recursos económicos a las casas de estudios para garantizar la educación de más de 2.000 jóvenes. Además, solicitaron al son de cánticos y batucadas, la renuncia del administrador departamental, ya que consideran que es el único culpable de la grave situación.
Como medida de fuerza los manifestantes bloquearon en principio de forma intermitente la ruta que une a Areguá con Capiatá y posteriormente lograron sobrepasar a la escueta barrera policial e ingresaron hasta el predio de la Gobernación, donde exigieron hablar con el gobernador.
También una de las docentes identificada como Gladys Samaniego del Centro Educativo Santa Teresa de Ávila de la ciudad de Fernando de la Mora, se encadenó por una de las puertas de la sede departamental para expresar su repudio ante el conflicto.
“Quiero cobrar mi salario que me deben hace cuatro meses. No pueden dejar sin rubros a los Centros Educativos, los jóvenes no son el futuro del país, son el presente y la educación de ellos debe estar garantizada”, dijo la maestra Samaniego mientras se encadenaba en compañía de sus alumnos.
Otra maestra amenazó con crucificarse si las autoridades departamentales no brinda una solución en los próximos días a la falta de fondos para el sostenimiento y funcionamiento de los Centros especializados.
Los funcionarios de la institución cerraron y llavearon todos los accesos. La secretaria de Educación de la Gobernación, Raquel Solaeche, se asomó a uno de los ventanales y luego de mirar a los manifestantes, se sonrió, este gesto molestó de sobremanera a los profesores. Respecto a la misma, alegaron que la mujer nunca mostró entera predisposición a favor de los profesores que desde que asumió el gobernador Hugo Javier, cobraron sus respectivos salarios con un retraso de hasta cuatro meses. Los educadores no perciben aguinaldo y algunos personales del área administrativa, de seguridad y de limpieza ni siquiera perciben el salario mínimo vigente.
Recorte presupuestario
Los dieciséis Centros Educativos Departamentales Municipales dependen presupuestariamente de la Gobernación de Central. Mensualmente se hacían transferencias para solventar el pago de salario de docentes contratados, de guardias de seguridad, de limpiadores y también para gastos corrientes como luz, agua, compra de artículos de limpieza, materiales didácticos y otros.
De la Gobernación también dependen dos Centros Culturales y un Centro destinado a la primera infancia. Todos quedaron sin fondos. El presupuesto anual que la Gobernación previó hasta el año 2021 para este fin, era de G. 4.200 millones.
El recorte se debe a que el Presupuesto General de la Nación 2022, sufrió modificaciones luego que la Cámara de Senadores decidió “mudar” los recursos establecidos como transferencias (rubro 800) al grupo de construcciones (rubro 520). La proyectista fue la parlamentaria colorada Blanca Ovelar, quien ni siquiera sabía de la existencia de los Centros Departamentales y menos que dependían del rubro 800.
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La decisión del Senado se fundamenta en los últimos acontecimientos registrados desde el año pasado, como el escandaloso caso, precisamente, referente al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista), quien fue imputado junto a otras 14 personas por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, luego de que varios entes de control detectaran innumerables y groseras irregularidades en la ejecución del fondo covid-19, de US$ 1 millón (G. 6.382 millones). Pues, en la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas además de otras anomalías.
Los senadores afirman que el rubro 800, de transferencia, fue aprovechado descontroladamente para el despilfarro sin pudor alguno, en complicidad de las oenegés que recibieron millonarios desembolsos de las Gobernaciones. Por esta razón, los estudiantes y docentes afectados, manifiestan que el gobernador Hugo Javier, es el principal responsable del recorte.
Ahora, el Senado planea estudiar nuevamente el polémico proyecto para habilitar otra vez a las gobernaciones a transferir fondos a las ONG (organismos no gubernamentales) y comisiones vecinales. Al respecto, los directores de los diferentes Centros Educativos, solicitan que no sean tratados como una oenegé. Instan al senado a realizar la modificación de la ley para que las instituciones vuelvan a recibir los fondos.