El juez de Garantías José Agustín Delmás imprimió el trámite establecido en el artículo 314 del Código Procesal Penal al pedido de sobreseimeinto provisional que hizo el fiscal Andrés Arriola a favor del concejal del distrito de Mariscal Estigarribia (Chaco) Eduardo Martínez Araújo, procesado por supuesta estafa y lesión de confianza.
“Este juzgado considera que en la presente causa existirían elementos que constituirán ciertamente el tipo penal de estafa y lesión de confianza (...) y resalta que de las constancias de autos existiría un supuesto perjuicio al Municipalidad de Mariscal Estigarribia”, indica parte del Auto Interlocutorio N° 221, de fecha 1 de abril de 2022, dictado por el juez Delmás.
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Ahora el expediente se remite a la Fiscalía General de Estado para que su titular, en un plazo máximo de 10 días hábiles, ratifique el planteamiento que hizo el agente en la audiencia preliminar o presente acusación en contra del concejal por Avanza País.
Exintendente denunció millonarias extracciones del concejal
Según la investigación fiscal, entre marzo y mayo de 2015 Martínez Araújo realizó una serie de llamativas y millonarias transacciones a través de una de las cuentas habilitadas a nombre de la comuna del departamento de Boquerón.
En total, el edil del distrito chaqueño extrajo cerca de G. 500 millones, lo que empujó a que se presentara una denuncia en su contra y acarreó sanciones a la municipalidad, según una serie de documentos a los que tuvo acceso ABC Color y que constan en poder del Ministerio Público.
Esta situación generó que el exintendente de Mariscal Estigarribia, Óscar Isnardi (ANR), presentase varias denuncias contra Martínez Araújo. Una de ellas fue hecha ante la titular de la Junta Municipal, Carolina González Samudio (PEN), ya en marzo de 2018.
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Isnardi detalló que las extracciones realizadas por Martínez Araújo no contaban con respaldo documental alguno, por lo que no se pudo justificar el faltante de casi G. 500 millones en la rendición de cuentas correspondiente al 2015.
De acuerdo a la denuncia presentada por Isnardi, la primera consecuencia grave fue que el Ministerio de Hacienda suspendió la transferencias de Royalties y Fonacide a la comuna chaqueña.