La Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular del Paraguay (ADEP) expresó su postura en un comunicado difundido en redes sociales sobre el proyecto de ley del servicio diplomático, consular, administrativo y profesional (busca derogar la actual ley Nº 1335/99).
El gremio, presidido por Helena Felip, señala que el proyecto de ley, actualmente en estudio en comisiones en la Cámara de Diputados, “contiene serias debilidades que nos preocupan enormemente”.
“No moderniza al servicio diplomático y consular de la República, ni ordena al MRE. Además, adolece de una significativa falencia: nació a espaldas de nuestra institución”, refiere.
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Este gremio manifiesta que el proyecto de ley que tiene sanción del Senado, “en los términos redactados actualmente, habilita el ingreso masivo de funcionarios cuyo impacto presupuestario se calcula en US$ 2,5 millones anuales, incremento que se daría en un delicado contexto de nuestra economía”.
La ADEP señala que “si bien en el proyecto aprobado por el Senado se mantiene el Concurso público de oposición y méritos, desalienta el ingreso a la carrera diplomática y consular, porque la debilita y perfora al restar competencias y espacios para el cumplimiento de la labor diplomática”.
Agrega, además, que la ADEP “reconoce que las legítimas reivindicaciones laborales de nuestros compañeros del MRE deben ser atendidas”. “Por ello defiende el debido ordenamiento del Servicio diplomático y consular, y administrativo y técnico en textos normativos separados”, indica.
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El proyecto de ley cuenta con 136 artículos. Uno de los puntos más polémicos de la norma guarda relación con la habilitación al Poder Ejecutivo de incorporar “por única vez” al escalafón diplomático a funcionarios (unos 160) permanentes que cumplen funciones en la Cancillería o en el exterior, basado en la propuesta de la Junta de Calificaciones.
Según los datos, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley en plenaria antes que culmine este mes.
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La iniciativa fue aprobada en el Senado a fines de diciembre pasado, con fuerte lobby de la senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista), cuyo esposo es el cónsul general en Foz de Yguazú, Jorge Antonio Coscia Saccarello.