El abogado que ejerce la defensa del comisario Cristino Aranda (padre de la fallecida Cristina “Vita” Aranda), pidió la suspensión del juicio oral y público que se debe iniciar este miércoles por la causa caratulada como “Ramón Giménez Velázquez y otros sobre violación a la Ley N° 1881/2002 que modifica la Ley N° 1340″.
El auxiliar de justicia justificó su pedido con que en esa misma fecha día tiene otro juicio oral en la localidad de Filadelfia, departamento de Boquerón.
Por la “Operación Espada” están imputados y acusados, por lo que deberán afrontar juicio oral el exdirector de Policía de San Pedro, Cristino Aranda, además del comisario principal Darío Figueredo Montiel, el jefe de la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, y el oficial 1° Aldo Miguel Rodríguez Ruiz, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del mismo departamento del país.
Igualmente serán enjuiciados el oficial 1° Édgar Diosnel Sosa, suboficial 1° Juan José Benítez, el suboficial principal Pablo Cabrera Escobar, el suboficial 1° Antonio Joel Quiñónez, así como el suboficial mayor José David Alonzo Salinas y el suboficial inspector Víctor Daniel Dávalos Peralta.
De la misma forma enfrentarán juicio el supuesto líder y financista de la organización narco Amado Pérez Marecos, Ramón Giménez Velázquez, Luis Candia Zelada supuesto piloto, Oscar Federico Valdez, Carlos Escobar Núñez y Cesar Benítez Fleitas.
Todos estos están acusados por la supuesta comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas, comercialización, posesión y extorsión agravada.
Emboscada de policías a narcos
El “Caso Sword” u “Operación Espada” consistió en la interceptación, registro, grabación y reproducción de comunicaciones telefónicas, mediante autorización del juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica, el 8 de marzo de 2019, para la identificación de un grupo criminal dedicado al tráfico de sustancias desde Bolivia a San Pedro, en Paraguay, por vía aérea.
El 17 de mayo de 2019, a las 7:00, Luis Darío Candia Zelada, en su carácter de piloto de un avión con matrícula boliviana CP-3004, introdujo desde Bolivia 304,8 kilogramos de cocaína distribuidos en 10 paquetes. La nave aterrizó en Hugua Guazú, donde está el inmueble de Ramón Giménez, quien se encontraba con Amado Pérez, Celso Benítez y Carlos Escobar.
Una vez que el avión bajó en una pista clandestina para descargar la cocaína, un grupo de personas armadas y vestidas con ropas de operaciones camuflados, ingresó y disparó contra la aeronave y redujeron a los presuntos narcotraficantes presentes.
Dicho grupo estaba conformado supuestamente por seis policías: Edgar Sosa, Juan Benítez, José Alonso, Pablo Cabrera, Víctor Dávalos y Antonio Quiñónez, así como un un particular Carlos Ayala Marecos. Todos estos exigieron a los narcos la suma de US$ 100.000 a cambio de liberar la carga, de lo contrario los matarían.
Apriete frustrado por la Senad
Durante el operativo “apriete” irrumpieron en el establecimiento agentes del Ministerio Público y de la Senad, quienes gritaron: “¡Alto!”. En ese momento, los uniformados efectuaron disparos contra la comitiva fiscal-antidrogas a fin de impedir la diligencia. Finalmente todos los presentes fueron reducidos por los agentes especiales de la Senad.
De acuerdo con los datos de la acusación, desde el 8 de mayo de 2019, el entonces director de Policía de San Pedro, Cristino Aranda, fue quien organizó al grupo y encomendó la dirección del operativo a Edgar Sosa, quien proveyó datos de inteligencia, y ese 17 de mayo a fin de justificar la presencia policial, se elaboró el informe Nº 1273. Así también se habría comunicado el supuesto operativo a fiscal Jorge Encina.
Para legitimar el ingreso, al sitio donde se iba a descargar la droga,. se informó al fiscal, coordenadas de un lugar que se encontraba alejado del inmueble de propiedad de Giménez Velázquez.