AREGUÁ (Gladys Villalba Jara, corresponsal). Hace quince días, estudiantes y docentes del Centro Educativo Departamental Municipal (CEDEM) “Dr. Mariano Celso Pedrozo” de la compañía Potrero Guazú de la ciudad de Itauguá, además de otros profesores y directores de los demás Centros Educativos, se manifestaron frente a la sede de la Gobernación de Central para exigir una solución a la problemática que pone en riesgo la formación académica de más de 2.000 jóvenes de escasos recursos.
Los dieciséis centros educativos dependen presupuestariamente de la Gobernación de Central. De las transferencias mensuales realizadas a cada casa de estudios se solventan los pagos a docentes contratados sin rubro ministerial, al personal administrativo, guardias de seguridad, personal de mantenimiento, además de solventar otros gastos propios de cada casa de estudios. El presupuesto del 2021 fue de G. 4.200 millones.
El recorte se debe a que el presupuesto de las 17 gobernaciones departamentales tuvo modificaciones dentro del Presupuesto General de la Nación 2022, porque la Cámara de Senadores decidió “mudar” los recursos establecidos como transferencias (rubro 800) al rubro de construcciones.
La decisión del Senado se fundamenta en los escandalosos casos que involucraron al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista) y otros, que son investigados por lesión de confianza y otros hechos punibles. La Cámara Alta considera que el rubro 800, de transferencia, fue aprovechado para el despilfarro sin pudor alguno en complicidad de las oenegés que recibieron millonarios fondos de las gobernaciones.
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La medida, ahora con sanción de ley, fue propuesta por la senadora Blanca Ovelar (ANR), atendiendo los últimos hechos de corrupción que fueron perpetrados desde las gobernaciones, donde optaron por las transferencias a terceros para la ejecución de proyectos de mejoras en espacios públicos y otros tipos de obras, evitando los llamados a licitación y posterior control como requieren la ejecución de los fondos.
El gran problema radica en que los legisladores no tuvieron en cuenta que en Central los Centros Educativos recibían recursos económicos de la Gobernación para su funcionamiento precisamente del rubro 842 (del grupo 800), mediante las transferencias. Debido a la falta del exhaustivo análisis del proyecto, principalmente por parte de la senadora Blanca Ovelar, exministra de Educación, ahora jóvenes de Central perderán el año lectivo.
Hasta la fecha, el gobernador Hugo Javier, no recibió a alumnos, padres y docentes para dar una explicación sobre el caso. Durante la manifestación se excusó de recibir a los que reclamaban una solución y envió en su representación a la secretaria de Educación, la funcionaria Raquel Solaeche y al director administrativo Roberto González, quienes prometieron alguna respuesta recién para dentro de 90 días. Aseguraron que “estaban haciendo todo lo posible” para brindar una solución. En todo momento alegaron que no es culpa de la Gobernación la decisión del Senado, ignorando los despilfarros cometidos por el administrador departamental de Central.
Derroche de fondos a favor de ONGs
El gobernador de Central Hugo Javier González (colorado cartista) fue imputado junto a otras 15 personas el pasado 1 de noviembre por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, referente a la ejecución de US $1 millón (G. 6.382 millones) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Ejecutivo transfirió a la Gobernación de Central para generar fuentes de trabajos durante la pandemia.
El exanimador de fiestas y exlocutor de radio decidió volver a transferir los recursos y desembolsó a favor de las oenegés Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo (imputado), la suma de G. 5.105 millones para la ejecución de proyectos de mejoras en espacios públicos y también a favor del Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera (no imputado) el monto de G. 1.276 millones, para supuestamente abastecer a los hospitales de Central.
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Pero en la rendición de cuentas del gobernador Hugo Javier sobre la ejecución del millón de dólares, apareció una senda de groseras anomalías para justificar el uso del dinero como facturas clonadas, otras anuladas, algunas a créditos que no fueron pagadas según los proveedores, pero que figuran como canceladas, así como empresas fantasmas que figuran como prestadores de servicios, entre otras. También, la administración del gobernador de Central, se atrevió a reemplazar varios comprobantes para zafar de la investigación.
Pero, la Subsecretaria de Estado de Tributación, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, confirmaron el despilfarro.
El próximo 12 de abril se llevará a cabo la tan anhelada audiencia de imposición de medidas para el gobernador Hugo Javier en el Juzgado de San Lorenzo. El mismo podría ser removido del cargo, ya que la Fiscalía solicitó que ninguno de los procesados vuelva a ingresar a la Gobernación. Dicha audiencia se dilató desde noviembre de 2021 debido a las innumerables chicanas planteadas por la defensa de Hugo Javier.