Los datos de referencia forman parte de un estudio puesto a consideración del Ejecutivo, en el que se alerta sobre el impacto fiscal de estas iniciativas parlamentarias y el riesgo que representan para la estabilidad macroeconómica del país.
Economistas y empresarios ya habían advertido la semana pasada sobre el peligro de abrir la canilla de los recursos públicos para la repartija de beneficios en un año electoral, un panorama muy similar al que se vivió en 2002 y que llevó al Estado a una cesación selectiva de pagos.
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El análisis entregado al Ejecutivo, por un lado, advierte sobre una reducción de US$ 422 millones en la recaudación de aprobarse los proyectos que modifican el régimen de turismo, amplía las deducciones en el IVA y elimina el IVA de la canasta básica y, por el otro lado, sobre el aumento de los gastos salariales para diversos partes del sector público.
Suba salarial planteada
En lo que respecta al incremento de los salarios públicos, señala que el 63,6% aprobado para los actuarios judiciales en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 30 de marzo tendrá un costo adicional de US$ 6,4 millones al año.
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Además, el proyecto de ley que otorga suba para los funcionarios administrativos del Ministerio de Salud Pública, significará US$ 24,8 millones más, y si aprueban los aumentos para los funcionarios administrativos, implicarán otros US$ 111,7 millones más.
El estudio indica que las referidas iniciativas parlamentarias representan en este caso un requerimiento adicional total al año de US$ 142,9 millones, para unas finanzas públicas en situación deficitaria desde hace 11 años.
Suman los pedidos de aumento
Luego de la aprobación del incremento de las remuneraciones para los actuarios judiciales, los pedidos se van sumando desde otros sectores públicos, aprovechando el año electoral y que los políticos están en campaña. Por ejemplo, el Sindicato de Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (Sifusset) planteó al Ministerio de Hacienda un incremento con el ropaje de “actualización o reajuste” de los salarios.
Antes lo hizo también el Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda (Sifupromh), que pidió 38% de incremento argumentando la pérdida del poder adquisitivo del sus salarios desde 2013 y su congelamiento desde ese año.
Estas solicitudes surgen del mismo Ministerio de Hacienda, cuyo ministro Óscar Llamosas, había adelantado que el Ejecutivo vetará todo proyecto de ley que otorgue aumentos salariales o reducción de los impuestos, porque las finanzas están en déficit.