Este viernes, el juez de Garantías Raúl Florentín ordenó la libertad ambulatoria del suboficial 2° Gustavo Adolfo Florentín Silva (28 años), suboficial de la Policía Nacional acusado de homicidio doloso por la muerte del dirigente juvenil del Partido Liberal Rodrigo Quintana en la noche del 31 de marzo de 2017.
Florentín Silva, único acusado por la muerte de Quintana, fue el autor del disparo que acabó con la vida del joven activista político durante un asalto por partes de fuerzas policiales a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico en una noche de disturbios en el microcentro de Asunción, luego de protestas ciudadanas contra un intento irregular de enmendar la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección presidencial.
El uniformado abandonará esta misma tarde la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde está con prisión preventiva desde el 1 de abril de 2017.
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Estuvo 5 años en prisión por muerte de Rodrigo Quintana
El juez de la causa explicó que la liberación del suboficial Florentín, recluido en la Agrupación Especializada de la Policía, obedece a lo establecido en el artículo 252 inciso 2° del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que este viernes se cumplen cinco años desde la detención del uniformado, tiempo que equivale a la pena mínima para el crimen de homicidio doloso, por el que el Ministerio Público lo acusa.
“Hoy se cumplen 5 años desde que el procesado fue detenido. La Constitución Nacional establece de forma imperativa que ninguna persona puede permanecer en prisión preventiva más allá de lo que dure la pena mínima prevista para el hecho punible imputado según la ley, por lo cual este Juzgado de Garantías no tuvo otra que ordenar la libertad ambulatoria del señor Florentín”, explicó el magistrado.
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El juez de Garantías impuso varias reglas de conducta a Florentín, quien participó de la audiencia de revisión de medidas por videollamada, desde la Agrupación Especializada, a fin de garantizar que seguirá ligado al proceso.
El suboficial 2° debe comparecer mensualmente ante el Juzgado para la firma de libro de actas judiciales, tiene prohibición de salir del país, debe presentar certificado de vida y residencia, y debe facilitar un número de teléfono celular para ser notificado de cualquier diligencia en el presente proceso penal.
Chicanas de la querella impiden la audiencia preliminar
A cuatro años de haberse presentado la acusación del Ministerio Público sigue pendiente la audiencia preliminar, en la que el Juzgado de Garantías debe resolver si eleva a juicio oral la causa, como pide la fiscalía, debido a los recursos dilatorios planteados por la querella adhesiva representada por Leticia Redes, madre de la hija de Rodrigo Quintana, y por parte de los padres del dirigente liberal asesinado.
En el caso de la querella representada por los padres de la víctima, a pedido de la defensa del suboficial Gustavo Florentín en noviembre de 2020 el Juzgado de Garantías, en ese entonces a cargo de la magistrada Hilda Benítez Vallejo le canceló la personería jurídica a los abogados Guillermo Duartes Cacavelos y Santiago Lovera, y excluyó a los familiares de Quintana del proceso.
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Los letrados apelaron esta decisión del juzgado y hasta ahora no se puede resolver el recurso debido a las recusaciones planteadas por la querella de Leticia Redes, tanto en contra de los camaristas como en contra de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente los fiscales de la causa son los agentes Giovanni Grisetti, Marlene González y Hernán Galeano, quienes en la audiencia de revisión solicitaron al Juzgado de Garantías que ordene el arresto domiciliario del acusado Gustavo Florentín. Sin embargo, el planteamiento no prosperó.