Ocho personas se encuentran procesadas por aparentes hechos de corrupción en la gestión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), ente los que se encuentran las actuales autoridades, Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez, y exmiembros de dicha institución, José Antonio Ortiz Báez, Omar Mongelós González, Raúl Mariano Silva Busto y Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben). En la misma situación se encuentran el exprocurador de la República Sergio Coscia y el directivo de la empresa TDP SA Carlos Wasmosy Carrasco.
El Ministerio Público investiga la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos por ley, la adjudicación de la explotación de la quiniela a una firma morosa del fisco (TDP SA) y la reducción del canon que dispuso Conajzar en favor de concesionarias, en época de pandemia.
En el marco de las pesquisas, Ortiz y Alonso se presentaron esta mañana para su declaración indagatoria ante la fiscala María Estefanía González, y de esta manera, todas las personas investigadas ya se presentaron para esta diligencia. Según el proceso previsto, ahora la Justicia les convocará de nuevo pero ya para la audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú, a excepción de Coscia, quien ya se sometió a esta etapa. Todos los demás investigados en esta causa habían apelado las imputaciones pero se les fue rechazo por el Juzgado y ratificado por la Cámara de Apelaciones.
No obstante, hasta el momento la agente fiscal no imputó a las dueñas de iCrop SA, Lucy Sy -una ciudadana china taiwanesa- y Lilian Beatriz Vera de Qiu. La compañía es la contratada por Conajzar -en un contrato tachado de ilegal- para cobrar el canon por el uso de las máquinas tragamonedas en bares, bodegas y otros comercios, en los que se expone a niños y adolescentes a la influencia de tragamonedas y a la posibilidad de desarrollar la adicción a las apuestas (ludopatía). Esta empresa, además, se queda con el 70% de la recaudación.
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Senado buscaría anular contrato de tragamonedas
Por otro lado, en el punto once del Orden del Día de hoy del Senado se encuentra el tratamiento del proyecto de ley que regula el uso de tragamonedas, que prohíbe el uso de las máquinas en sitios no exclusivos de juegos de azar. La propuesta había sido aprobada por la Cámara Alta a mediados del año pasado y luego los Diputados lo aprobaron modificaciones, razón por la que volvió a la Cámara de Senadores. La sanción ficta se cumpliría el 20 de abril próximo.
Otra iniciativa que surgió paralelamente fue la de convertir a la Conajzar en una Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), pero este proyecto aún no fue tratado. Esta propuesta la presentó el cuestionado Ortiz cuando todavía era presidente de Conajzar. Este proyecto busca mantener la explotación de tragamonedas en sitios hoy prohibidos por la ley de juegos de azar, entre otras disposiciones, que fueron cuestionadas por empresarios del rubro.
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Ley de Función Pública, pisoteada
La Ley N° 1626 de la Función Pública establece que los funcionarios deben ser apartados del cargo en caso de que sean imputados, pero esta disposición no se cumple. Carmen Alonso hace más de un mes fue desvinculada de Conajzar pero sigue al frente de la Diben, institución dedicada a brindar asistencia sanitaria. Además, es candidata a senadora por el movimiento colorado “Fuerza Republicana”, liderado por el vicepresidente de la República Hugo Velázquez.