En la tarde del viernes 31 de marzo del 2017, los 25 senadores “pro-enmienda” se volvieron a reunir en la Planta Baja de la Cámara Alta para usurpar la presidencia del Poder Legislativo.
En paralelo, la seguridad del Congreso aumentaba mientras los manifestantes en vigilia eran reforzados por ciudadanos indignados que llegaban a la Plaza de Armas, “campo de batalla” donde se repetirían escenas similares al Marzo Paraguayo de 1999.
Mientras tanto, irónicamente nuestro país repudiaba el autoritarismo en Venezuela; se reunía la Asamblea del BID y Horacio Cartes debía inaugurar su “Superviaducto”, obra que después llevaría el nombre de un mártir defensor de la amenazada democracia.
A puertas cerradas
A las 15:00 los senadores cartistas, luguistas, llanistas y oviedistas se reunieron en la Bancada del Frente Guasú y a puertas cerradas, aprobaron un proyecto inconstitucional de enmienda para habilitar la reelección presidencial.
Los violadores de la Carta Magna querían llegar a la fecha límite fijada por la Justicia Electoral y esa misma tarde Hugo Velázquez (ANR), entonces titular de la Cámara de Diputados; hoy vicepresidente y candidato oficialista a la presidencia, convocaba a sesión extraordinaria para cerrar la el atropello.
Sangre y fuego
Pero todo estalló cuando manifestantes llegados desde el PLRA intentaron superar el perímetro de seguridad del Senado instalado por cascos azules. Ya días antes el Poder Legislativo también era “resguardado” por militares en un intento de amedrentar. En ese entonces, la ciudadanía no lo sabía, pero la Policía no era manejada por el entonces ministro del Interior Tadeo Rojas, sino por allegados al jefe de Estado, según el cruce de llamadas que nunca se investigó.
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Los antimotines dispararon balines de goma a quemarropa hiriendo al titular del PLRA Efraín Alegre. Pero lo más grave es que dispararon en el rostro al diputado Edgar Acosta, quien cayó el suelo ensangrentado.
En las horas siguientes, más ciudadanos, militantes de la oposición e incluso supuestos barrabravas se sumaron a las protestas. Pero tras horas de lucha, la Policía abandonó la custodia del Congreso a las 19:00, y los manifestantes ingresaron al edificio e incendiaron la sede. Estas imágenes recorrieron el mundo.
¿Quién dio la orden?
Cerca de las 20:00, la Policía Montada recuperó el Congreso y algunos manifestantes protagonizaron hechos vandálicos en varios locales comerciales.
La Policía desplegó una verdadera cacería humana en todo el centro capitalino, registrándose torturas y violaciones a los derechos humanos no vistos desde la dictadura. Un total de 211 personas, incluidos menores de edad, fueron llevadas a la FOPE.
La cacería culminó de la peor manera, cuando antimotines atropellaron la sede del PLRA. Uno de los agentes cargaba balines de plomo y mató con un disparo en la espalda al dirigente liberal Rodrigo Quintana. La Fiscalía solo culpó a un suboficial y tres manifestantes ya están condenados.