El Poder Ejecutivo remitió el lunes a la tarde a Diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Guairá, a cargo de Vera (ANR, cartista), que además está denunciado penalmente ante el Ministerio Público. Además, la semana pasada la gobernación fue visitada por funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ante presuntas irregularidades en facturas presentadas como rendición de cuentas sobre el uso de unos US$ 2 millones para la reactivación económica durante la pandemia de Covid-19.
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“Los hechos ocurridos en la Gobernación de Guaira son la réplica de los fraudes y abusos cometidos en la Gobernación de Central. Espanta ver la inacción de la fiscalía”, sostuvo la diputada opositora de Central Kattya González (PEN), por lo que indicó que políticamente deben actuar pronto para evitar que se comentan más presuntas irregularidades. “Por eso solicitaremos un trámite urgente para obtener el dictamen de la comisión especial y que luego se trate el pedido de intervención en el pleno”, adelantó González.
La Junta departamental de Guairá aprobó casi por unanimidad el pedido de intervención que fue remitido al Ministerio del Interior el 16 de marzo pasado y que aprobado por el Ejecutivo casi en la noche del lunes, considerando que la solicitud reúne los requisitos para su estudio en Cámara Baja.
Para analizar el pedido, primeramente se debe conformar una Comisión Especial que analice los puntos denunciados, cite a las partes para que hagan las acusaciones y descargos y luego emitir un dictamen.
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En este caso se detallan casi una decena de irregularidades, que van desde la construcción de una plantea de oxígeno que afirman no está operativa, la sobrefacturación en obras de construcción de calles, pozos artesianos y asistencia a productores, así como incluso el pago doble por obras de lumínicas para el estadio del Club Guaireña, de primera división (ver infografía).
Existen enormes similitudes con el caso por el cual está imputado el Gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), que pese las graves irregularidades detectadas en su gestión de fondos Covid-19, fue salvado de la intervención por colorados (cartistas y oficialistas).
De aprobarse el pedido de intervención, para lo cual se requiere mayoría absoluta (41 votos), el Ejecutivo debe nombrar un interventor que en el plazo de 60 días deberá remitir un informe a Diputados. Tras dicho procedimiento la Cámara Baja podrá optar por la destitución o no, en este caso del gobernador.