El miércoles 29 de marzo de 2017 la ciudadanía empezaba a observar el peligroso y bochornoso espectáculo ocurrido el día anterior. Esa víspera, 25 senadores (cartistas, luguistas, llanistas y oviedistas) habían usurpado la presidencia del Poder Legislativo, integraron un Congreso “paralelo” y cambiaron el reglamento interno para allanar la enmienda mau.
En horas de la tarde la oposición se reunió para urgir al pueblo a dejar “las redes sociales” y salir a manifestarse, registrándose movilizaciones en Ciudad del Este y Carapeguá.
Esa noche los senadores pro enmienda también dejaron de sentirse intocables. Hubo escraches en las viviendas de los liberales Julio César Franco y Blanca Lila Mignarro.
En las calles, campesinos realizaban su tradicional marcha y se cumplían 999 días de cautiverio del suboficial de Policía Edelio Morínigo a manos del grupo criminal EPP, casos que resumen los “logros” del gobierno de Cartes.
En el Congreso, el entonces presidente del Senado, Robert Acevedo (PLRA +), advertía que accionaría ante la Corte para anular la infame sesión mau del 28 de marzo. No sabía que un año después el Poder Judicial, siempre servil al Poder Ejecutivo, blanquearía esa sesión realizada en bancada del Frente Guasu.
En la mañana del 29, también sesionó la Cámara de Diputados y en un acto de autoritarismo, la mayoría cartista prohibió el debate sobre los sucesos del día anterior sobre sesión mau.
En ese entonces, Mario Abdo Benítez, hoy presidente, acusaba a Cartes y sus senadores leales de “sicarios de la política”.
También llamaba a la movilización y calificaba de indignante que el Ejecutivo manipule las Fuerzas Armadas y francotiradores de la Policía para intimidar a los manifestantes.
También fue destacable la reacción de numerosos obispos de todo el país y parroquias que instalaban mensajes contra la enmienda.
Todo parecía un preludio a los violentos sucesos que ocurrirían días después cuando antimotines reprimieron a manifestantes frente al Congreso y la sede legislativa fue incendiada parcialmente el 31M. Luego la Policía ingresó a matar al dirigente Rodrígo Quintana en la sede del PLRA.