La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este viernes toma declaración vía telemática a la viuda de Santiago Leguizamón, Ana María Morra, y a su hijo Dante Leguizamón en el marco del proceso internacional que mantienen contra el Estado paraguayo.
Morra, en un momento de su audiencia, reveló que habría sido el entonces presidente de la República Andrés Rodríguez quien dio la “orden tácita” de atentar contra el comunicador el 14 de febrero de 1991, en un almuerzo llevado a cabo en un restaurante de Pedro Juan Caballero. Leguizamón fue asesinado por sicarios el 26 de abril de dicho año en la capital de Amambay.
Comentó que, por ello, su esposo había rechazado custodia de seguridad por parte del Gobierno. “Él no quería eso porque sabía bien que personas (agentes de seguridad) estaban relacionadas con el caso, que eran personas que habían decidido matarlo, entre ellos el presidente de la República (Andrés Rodríguez), quien fue quien dio la orden en un almuerzo diciendo: ‘Con este muchacho hay que hacer algo’, y esa fue la orden tácita de que había que matarlo. Santiago se enteró por el mozo que estaba sirviendo en la mesa esa noche, quien al terminar su turno fue a la radio a contar -desesperado y con miedo- a Santiago”, mencionó.
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Además, indicó que “las amenazas en principio eran leves y Santiago no les hacía caso. Se puso feo a partir de febrero del ‘91, ya no eran el mismo tipo de amenazas. En dos meses fueron terribles las situaciones que vivíamos porque sabíamos que lo iban a matar, pero no cuándo, cómo ni dónde”. Agregó los que querían atentar contra el periodista “siempre quisieron que tuviéramos miedo”.
Corte IDH definirá medidas de reparación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el 19 enero de 2007 una denuncia presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la que se mencionó responsabilidad internacional del Estado paraguayo por presuntas violaciones de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La familia, que afirma que el Estado paraguayo mantuvo un desinterés en esclarecer el caso, solicitó a la CIDH, el 22 de octubre de 2015, continuar con el proceso, desestimando la posibilidad de un acuerdo amistoso. La Comisión admitió el caso el 15 de abril de 2016 y ya el 13 de febrero de 2021 pidió el juicio ante la Corte IDH.
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El 18 de agosto del año pasado, el presidente Mario Abdo Benítez anunció que Estado paraguayo se allanaba a la demanda.
Ante esta situación, la Corte IDH deberá definir las medidas de reparación que tendrá que acatar el Estado con el objetivo de dar justicia a 31 años del asesinato del comunicador, quien se desempeñaba como corresponsal del diario Noticias en Amambay y director de radio Mburucuyá. Hasta el próximo 25 de abril, las representaciones legales de ambas partes tienen tiempo para presentar sus alegatos y, posterior a ello, esta instancia internacional deberá deliberar -en un plazo no definido- la sentencia.