“De manera irregular actuó esta jueza y cualquier cosa que pase, si muere algún niño o paciente, será responsable esta jueza, porque es la única ambulancia que teníamos en la zona para trasladar a los enfermos hasta otros centros asistenciales”, afirmó Cantero, al tiempo de repudiar la orden de secuestro emitida por la magistrada que fue cumplida por un oficial de justicia el pasado martes.
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Y es que la jueza de paz Monserrat Vera ya no tendría jurisdicción para intervenir porque el monto reclamado sobrepasa lo estipulado por ley para jueces de paz (hasta G. 24 millones) y, por ende, debió ser un magistrado de primera instancia quien lleve el juicio ejecutivo promovido por la empresa vendedora, la Compañía Imperial del Paraguay SRL, denunció igualmente el jefe comunal.
Otro de los aspectos analizados es que la jueza no dio participación a la Municipalidad para presentar los documentos sobre la ambulancia secuestrada, que es un bien público de mucha importancia para la salud de la población, y se valió solo de la parte actora, desconociendo que existían documentos que pueden rebatir la denuncia, señala el reclamo.
Posible irregularidad
La ambulancia secuestrada fue adquirida en el 2020 por el exintendente Alfredo Gayoso (ANR) por un monto de G. 620 millones, con una adenda de G. 20 millones más, que no pasó por la Junta Municipal ni Contrataciones Públicas. Por esa razón, la nueva administración se negó a pagar, por considerar irregular, a más de que la ambulancia no cuenta con Unidad de Terapia Intensiva (UTI) como consta en el contrato celebrado entre las partes.
Otro de los puntos es que existe una factura por valor de G. 74 millones expedida a cuenta de Imperial Paraguay SRL, pero cobrada en dos cheques de G. 37 millones cada uno del banco Continental por la firma Hidrometal SA, con todos los datos de orden de pago y número de cheques coincidentes, pero no las fechas.
Según informe del banco Continental, el primer cheque N° 479262, por monto de G. 37 millones, fue cobrado en fecha 20 de diciembre de 2020, mientras que el siguiente cheque N° 479263, también por el mismo monto, en fecha 30 de diciembre del mismo año, por Hidrometal SRL. Entretanto, la orden de pago fue emitida ya el 4 de enero del año 2021, es decir, en el siguiente mes.
Luego de todos estos análisis, la administración de José Cantero encontró que la deuda de la Comuna por la ambulancia secuestrada por orden judicial es de solo G. 96 millones, pero la empresa vendedora no reconoce la factura de G. 74 millones y exige el pago de G. 192.500.000, más la adenda de G. 20 millones y otros G. 2.500.000 por cambio de luces.
Esta situación podría desembocar en una denuncia contra la magistrada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que estarían planteando desde la Municipalidad.
Por su parte, el abogado Álvaro Medina, representante de la empresa vendedora, ratificó el monto que se adeuda por la ambulancia y anunció que presentará denuncia penal por la falsificación de la firma de su cliente, negando así que haya cobrado los G. 74 millones, como asegura el intendente Cantero.
Igualmente, el profesional del derecho reveló que la orden de secuestro de la ambulancia se solicitó al juzgado de paz por los G. 20 millones de la adenda aprobada por el exintendente Gayoso. Al ser cuestionado por qué se secuestró la ambulancia, siendo que la adenda fue para compra de una heladera, alegó que el vehículo se estaba utilizando en forma particular y que presentaba desperfectos mecánicos.