El abogado Edgar Arias Bazán, defensor de la acusada Isaura Sánches Freitas, recurrió el Auto Interlocutorio del 17 de febrero de 2022, dictado por el juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica, por el cual elevó a juicio oral y público la causa caratulada “Julio César Duarte Servían y otros s/ tráfico internacional de drogas y otros”, caso N° 01-01-01-20-2019-8535.
El defensor Arias Bazán argumentó que en ocasión de la audiencia preliminar había solicitado la libertad ambulatoria o en su defecto, el arresto domiciliario para su clienta, en la ciudad de Capiatá y ofreció una fianza real de unos G. 280.000.000. Sin embargo, la proposición de la defensa nunca fue estudiada por el juzgado de garantías, alegó, entre otros cuestionamientos.
Argumento de la Cámara
Por Auto Interlocutorio N° 37 del 11 de marzo de 2022, la Cámara de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado con los magistrados Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias, confirmó la prisión preventiva que dispuso el juez penal de garantías Gustavo Amarilla, para Isaura Sánches Freitas.
El Tribunal de Alzada argumentó que esa Cámara advirtió que no se verificó en expediente hechos o elementos nuevos que desvirtúen los fundamentos que fueron considerados por el juez de garantías al momento de dictar la prisión preventiva que pesa hoy día contra la acusada Isaura Sánches Freitas, en base al Art. 242 del Código Procesal Penal. “En el caso específico, la causa fue elevada a juicio oral y público, y de recaer sentencia definitiva condenatoria, consideramos la elevada expectativa de sanción que pudiese recaer, por lo que corresponde mantener la prisión preventiva decretada contra la hoy acusada”, señalaron los camaristas.
La ley de drogas
Según lo que dispone la Ley 1340/88 antidrogas y sus modificaciones, en el Capitulo sobre El tráfico ilícito y de los delitos conexos, preceptúa en los citados artículos 42 (asociación delictual) y 44 (obtención de beneficio ilícito), lo siguiente:
Art. 42.- Los que formen parte de asociaciones u organizaciones constituidas con el objeto de perpetrar cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, serán castigados, por ese solo hecho, con penitenciaría de cinco a quince años. El jefe o promotor de la asociación u organización sufrirá el doble de la pena.
Art. 44.- El que a sabiendas comercie, intervenga de alguna manera o se beneficie económicamente, por si o por interpósita persona, del producto de la comercialización ilícita de las sustancias con materia primas a que se refiere esta Ley será castigado con penitenciaria de cinco a quince años.
Art. 196.- Lavado de activos, según el Código Penal
1.° El que convirtiera u ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico, o respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.
El caso
En el año 2018, Isaura Sanches Freitas y Robson Lourival Alcaraz Ajala, constituyeron una sociedad anónima e integraron en concepto de aporte de capital la suma de G. 150.000.000 en efectivo cada uno en la empresa Stylus Pet Shop S.A. En tal sentido, Isaura Sanches Freitas está vinculada como socia junto a su pareja Robson Lourival Alcaraz Ajala, respecto a esta empresa.
Así pues, tanto Julio César Duarte Servián como Isaura Sanchez Freitas, ostentan la calidad de propietarios e igualmente ejercieron el usufructo de inmuebles y rodados, los cuales se encuentran a su nombre; todos ellos adquiridos con capitales obtenidos del lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas peligrosas, la asociación criminal y la intervención y el beneficio económico obtenido del producto de la comercialización ilícita de sustancias estupefacientes, al no verificarse dentro de la investigación, capacidad económica distinta a las generadas mediante actividades ilícitas, sostiene el escrito de la Fiscalía.
La acusación del Ministerio Público es sostenida por los fiscales antidrogas Fabiola Molas, Ysaac Ferreira Villamayor, Eduardo Royg y Carlos Alcaraz.
Varios procesados en esta causa se encuentran prófugos de la justicia.