El juez Christian González había convocado para hoy, por 33ª vez, la audiencia preliminar para el exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado cartista Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, el actual gobernador de ese departamento Rubén Rousillón Blaires, su esposa Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, Raúl Ernesto Delgado, Edulfo Antonio Verón Recalde y Marlene Altemburger Da Silva.
Sin embargo, debido a que se revocó el poder que había otorgado a los abogados Josefina Aghemo y Raúl Caballero, el exgobernador Núñez designó como representante legal al abogado Eduardo Franco, quien solicitó al Juzgado una copia del expediente y un plazo prudencial para preparar la defensa.
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En consecuencia, el magistrado resolvió reprogramar la diligencia para el viernes 4 de marzo, a las 7:30, a fin de resolver si eleva a juicio oral la causa que afrontan los seis acusados de lesión de confianza, por una presunta “tragada” de G. 55.000 millones de la Gobernación de Presidente Hayes.
La última vez que se intentó sustanciar la diligencia, en la que el Juzgado de Garantías debe resolver si eleva la causa a juicio oral y público, fue el 23 de noviembre de 2021, pero se suspendió porque la defensa del coacusado Raúl Ernesto Delgado recusó al juez en lo penal de Villa Hayes, Christian González.
Causa dilatada desde el 2015 por chicanas
En 2012, la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013, el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
El entonces fiscal Martín Cabrera abrió la investigación y en el 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, además de otros presuntos implicados en el caso.
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En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años y seis meses aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
La primera acusación que presentó el Ministerio Público en contra de Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación de Presidente Hayes.