La medida cautelar que dictó el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, es para Khalil Ahmad Hijazi (sancionado por la Justicia de Estados Unidos), Ibrahim Khalil Hijazi Colmán, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Khalil Hijazi Fernández, Hamze Hijazi, Carlos Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos y Juan Sorazabal Rodríguez.
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La imputación presentada en contra de los mismos por la fiscala María Estefanía González, el 30 de diciembre de 2021, es por presunto contrabando, producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos en Ciudad del Este.
Según la imputación, Khalil Ahmad Hijazi en su carácter de presidente de la firma “España Informática S.A.”, y en forma coordinada con los demás socios y despachantes ahora procesados, habría presentado “facturas adulteradas” a la Dirección Nacional de Aduanas para realizar los procesos de despachos aduaneros de mercaderías importadas.
Millonaria evasión
En las facturas que fueron presentadas entre los años 2012 y 2015, supuestamente expedidas por comercios extranjeros, se habrían consignado montos inferiores a los realmente pagados por las mercaderías, según detalla la fiscalía en la imputación.
“Mediante tales acciones se habrían despachado mercaderías por aproximadamente US$ 79.948.648,32, cuyo supuesto valor real sería de aproximadamente US$ 132.271.212,02, con lo que existiría una diferencia total de US$ 52.516.091,30, en declaraciones falsas de la base imponible”, puntualiza el Ministerio Público.
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El 14 de enero pasado el juez José Delmás ya había ordenado el arresto de los imputados, pero un Tribunal de Apelaciones anuló el fallo y ordenó otra audiencia.
En su resolución, el nuevo juez de la causa, Humberto Otazú, señala que el peligro de fuga se ve atenuado, ya que todos los imputados se sometieron al proceso.