La Contraloría General de la República (CGR) auditó el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid-119, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020. Se confirmó que el gobernador cartista Hugo Javier González repartió el dinero a dos oenegés de su preferencia. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, falta de documentos que avalen la prolija ejecución de las obras, empresas fantasmas, entre otras anomalías.
La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, recibió G. 5.105 millones para la realización de obras en espacios públicos en el departamento Central. También el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, se embolsó con G. 1.276 millones, del fondo covid-19.
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El informe final de auditoría en una de las quince observaciones confirmó que “no se evidenció actas de recepción provisoria en la totalidad de las obras ejecutadas por la ONG CIAP”. Fueron examinados los documentos que forman parte de la rendición de cuentas de la fundación, por el monto de G. 5.105 millones, en los cuales según detalle fueron hechas supuestamente 14 construcciones. El Ministerio Público que investiga el caso sospecha que los recursos fueron desviados a través de esta ONG, ya que aparentemente algunas construcciones ya existían antes del desembolso.
CIAP intentó justificar la falta documental y dijo que en los contratos firmados con la Gobernación de Central constan las fechas finales de entrega de las obras, las cuales estuvieron bajo en control de la misma ONG y fueron cumplidas las exigencias impuestas por la institución departamental. Por su parte, Hugo Javier alegó que contratarían fiscalizadores para la verificación de las obras.
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No existían plazos
“Los contratos celebrados entre la ONG CIAP y los distintos contratistas no estipulan los plazos de ejecución de las obras, en contravención a las normativas legales vigentes”, así lo evidenciaron los documentos analizados de las diferentes obras ejecutadas en el marco de la transferencia del fondo covid-19 de G. 5.105 millones, dice el informe.
Al respecto, el representante de CIAP afirmó que los plazos establecidos por ley de “emergencia” covid, se cumplieron a cabalidad. Dijeron que tenían tiempo para entregar las obras hasta el 30/06/2021. La Gobernación insistió en que se encontraban en proceso de contratar fiscalizadores para el control de los trabajos realizados por la cuestionada fundación.
Incongruencias
El equipo auditor también constató “incongruencias entre la fecha de celebración del control de ejecución de obra con las fechas del acta de inicio y acta de recepción de la obra”.
El equipo auditor no quedó conforme con los descargos presentados por CIAP y la Gobernación de Central, y se ratificó en todas las observaciones ya que los documentos faltantes no fueron presentados y las incongruencias tampoco fueron aclaradas con sustento legal.
Se recomendó al gobernador de Central implementar mecanismos de control que se ajusten a las normativas vigentes para salvaguardar los recursos transferidos, siendo el mismo ordenador de gastos y el principal responsable de velar por los recursos transferidos.
Este caso está siendo investigado por la Fiscalía por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Hugo Javier, Tadeo Álvarez y otras 14 personas fueron imputados.