En el informe final de auditoría de la CGR se detallaron quince observaciones que confirmaron las groseras irregularidades que refieren al uso de G. 6.382 millones, de los cuales, el Ministerio Público, que investiga el caso, sospecha que unos G. 5.105 millones fueron desviados a través de la ONG CIAP, presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo, imputado en la causa. El sobrante del total del fondo covid, G. 1.276 millones fueron transferidos al Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera.
Rendiciones a destiempo
El informe final de auditoría confirmó que tanto CIAP como el Consejo Regional de Salud y la Gobernación de Central, “presentaron con atrasos sus rendiciones de cuentas, incumpliendo lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 6672/2021 (Que regula el Presupuesto General de la Nación) y la Resolución CGR Nº 951/09″.
“Se comprobó que las ONGs mencionadas presentaron con atrasos de hasta 17 días sus respectivas rendiciones de cuentas a la Contraloría General de la República, por el importe de G. 6.382 millones”, se observa en el documento.
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La normativa que regula el fondo sanitario establece que dichas rendiciones debían ser presentadas en periodos bimestrales, posterior a la transferencia hecha por la entidad. El informe debía además ajustarse a los formularios exigidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la CGR; sin embargo, los documentos para justificar la ejecución de US$ 1.000.000, fueron confeccionados de forma chabacana.
El recurso fue otorgado por el Ejecutivo en diciembre de 2020 y posteriormente fue repartido por el gobernador colorado cartista Hugo Javier González Alegre, imputado en el caso. Los hechos que se investigan son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y otras irregularidades para justificar el gasto. Hasta la fecha fueron imputadas 16 personas y apenas se realizó una audiencia de imposición de medidas ya que la defensa de varios de los investigados plantearon un sinfín de chicanas.
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Gobernador es el responsable
En su descargo, el gobernador Hugo Javier intentó deslindar responsabilidad alguna y dijo que “los documentos que respaldan las rendiciones de cuentas es responsabilidad de las entidades receptoras de las transferencias de fondos para la ejecución de los proyectos, como lo indica la Ley Nº 6672/72″.
La CGR recordó al administrador departamental que “es la Gobernación de Central la que debe rendir cuentas. De la misma forma como ordenador de gastos debe ejercer control de las transferencias de fondos y exigir a las ONGs el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a las rendiciones de cuenta”.
Por su parte, el presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, dijo que, conforme a los plazos establecidos, rindió cuentas el 18/06/2021 a la Gobernación de Central y el 22/06/2021 a la CGR. Sin embargo, en otro punto se observa que la ONG negó que la rendición sea suya y culpó a personas innominadas de presentar facturas a nombre de CIAP, para perjudicar la reputación de la fundación.
El doctor Hugo Cabrera del Consejo Regional de Salud, manifestó que interpretó que la fecha de rendición de cuentas era último día del mes de junio del 2021, por ello, procedió a la entrega en esa fecha. Pero, la rendición debió hacerse en abril.