La intención de los impulsores del juicio político a la fiscal general Sandra Quiñonez es que el proceso de destitución de la funcionaria se inicie ya la próxima semana.
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Dado que el Congreso está en periodo de receso, la convocatoria se hará por vía de la Comisión Permanente del Congreso que preside la senadora Lilian Samaniego (ANR-oficialista).
Según lo dispuesto por el artículo 184 de la Constitución Nacional, la convocatoria a sesiones extraordinarias de cualquiera de las cámaras se deberá hacer por decisión de una cuarta parte de sus integrantes.
En el caso de la Cámara de Diputados, deberán hacer el pedido al menos 20 diputados, número que no tendrían inconveniente en conseguir los impulsores del juicio político, con lo cual la Comisión Permanente deberá hacer la convocatoria en un plazo perentorio de 48 horas, según dispone el mismo artículo constitucional.
Esto significa que a mas tardar el miércoles 23 de febrero se estaría realizando la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, presidida por el diputado colorado cartista Pedro Alliana para tratar el libelo acusatorio contra la fiscal general Quiñonez.
Danza de votos
Para aprobar la acusación contra la titular del Ministerio Público es necesaria una mayoría de dos tercios, es decir 53 votos.
Según los cálculos hechos en base a manifestaciones de las distintas bancadas que componen el cuerpo legislativo (ver cuadro en esta página), los impulsores del juicio político aseguran ya 47 votos y les faltarían 6 para tener la mayoría requerida por la Constitución.
En ese sentido, la postura que asuman los 8 integrantes de la bancada liberal “B” (llanista) será clave para que se tenga el número de votos requerido.
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Fuentes de ese sector político señalaron que tomarán una postura el próximo lunes, y ya estaría presente el senador Blas Llano, líder de ese movimiento del PLRA.
Una versión que corrió en el ambiente político es que la decisión sería la de liberar los votos de los integrantes de la bancada y que cada uno vote “a conciencia”.
Al respecto, serían 3 de los 8 diputados llanistas, los que se mantienen en la postura de rechazar el juicio político a Quiñonez. Ellos son Édgar Ortiz, de Itapúa), Enrique Mineur, de Presidente Hayes y María de las Nieves López, del departamento Central.
No obstante, se habla de la existencia de fuertes presiones en relación a las dos posturas en pugna en la cámara y, hasta último momento, podrían producirse sorpresivas movidas en el tablero de votos.
También entra a jugar en este tema, la cuestión electoral, que presionará sobre algunos legisladores en particular, que buscarían evitar quedar “marcados” por los electores.