El 22 de julio del año pasado, el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero, remitió una nota al titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, en la que pidió que se amplíe el monto del contrato de la consultora Dechert LLP (París), que fue contratada por dicha institución para asesorar en el arbitraje del metrobús, por US$ 3,6 millones.
En la misiva, que recién se dio a conocer ayer, Caballero pidió a Wiens que aumente el monto a ser pagado a la mencionada consultora francesa, otros US$ 680.209 más (20% del monto contractual), para la preparación de un segundo informe pericial en el caso metrobús. Esto atendiendo a que el primer informe presentado en el juicio fue cuestionado en todos los puntos por el perito de la demandante, la empresa portuguesa Mota Engil, excontratista de la fracasada obra.
Pero lo más llamativo del caso es que el procurador advirtió en su escrito que la elaboración de dicho informe será “fundamental para la defensa de los intereses patrimoniales” del país, en el arbitraje internacional en curso, porque el reclamo de Mota Engil ante el tribunal ya aumentó a US$ 35 millones, US$ 10 millones más de lo que solicitó en principio, por los supuestos “daños” que le causó la obra del fallido metrobús.
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ABC Color intentó conversar sobre esta situación con el procurador Juan Rafael Caballero, pero una vez más el alto funcionario evitó responder las dudas al respecto. Lo cierto es que Obras Públicas autorizó el aumento del 20% en el contrato de Dechert LLP, a través de la resolución N° 1.577 de Wiens, pero nada se sabe sobre el segundo peritaje que elaboró la consultora. En el MOPC informaron que el arbitraje del metrobús es manejado totalmente por la Procuraduría, por lo que evitaron responder las dudas.
Llamativamente, Caballero maneja con total hermetismo todo lo referente al caso del metrobús. Por ejemplo, en diciembre último, salió la sentencia de la demanda que presentó Royal Seguros contra el Estado, en la que el juzgado salió a favor del MOPC para que la cartera pueda cobrar los G. 40.390 millones de la póliza de fiel cumplimiento del contrato de la fracasada obra. Empero, no se sabe hasta hoy si esa caución ya se recuperó o si hubo una apelación.
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El arbitraje entre Mota Engil y el Estado se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominada Uncitral, por sus siglas en inglés. El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato. El Tribunal se conformó en el 2020. Mota cobró US$ 30 millones, pero no avanzó ni la mitad del plan. Además dejó una avenida destrozada y quiere seguir facturando por supuestos “daños” que le generó la obra.
Consultora asesora en otra millonaria demanda
La consultora Dechert LLP también está asesorando a la Procuraduría en el arbitraje contra la firma Serviam SA Sucursal Paraguay (con matriz en Uruguay), en el marco de esta misma consultoría del metrobús. Esta firma también demandó al Estado por obras fallidas de la ruta PY08 (tramo Yuty-Coronel Bogado) y reclama US$ 10,6 millones al MOPC, por aparentes daños financieros.
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