En charla con ABC Cardinal el ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Dejesús Ramírez Candia detalló que, luego de la sesión en la que se conformó el nuevo Consejo de Superintendencia y de su decisión de renunciar a la vicepresidencia segunda, ninguno de los ministros que incumplieron el acuerdo de votar por él para la vicepresidencia 1ª se han acercado a conversar con él.
Agregó que el cargo está actualmente vacante, pero a su criterio el próximo miércoles, en la sesión ordinaria del pleno, se estaría designando al vicepresidente segundo para el periodo 2022 - 2023.
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“Lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, a la sociedad, es que el sistema de justicia penal sea eficiente, que realmente actúe con criterio de legalidad, que no sea cómplice de dilaciones indebidas que lleven los casos a la impunidad, fundamentalmente en los casos de corrupción pública”, puntualizó el miembro de la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
Ministros “se adueñan de las circunscripciones”
Consultado sobre la renuncia del ministro Víctor Ríos Ojeda a las superintendencias de las circunscripciones judiciales de San Pedro y Caaguazú, Ramírez Candia indicó que el cargo de superintendente necesita una reglamentación, teniendo en cuenta que actualmente los designados cumplen una función de encargado de gestión.
Admitió que algunos de los ministros del máximo tribunal se adueñan de las circunscripciones y que por ello en el 2018, cuando asumieron como ministros de la CSJ, con el Dr. Eugenio Jiménez Rolón habían planteado la rotación en las superintendencias de las circunscripciones. La propuesta se llevó a votación y se rechazó.
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Anunció que este año podrían volver a plantear la reglamentación, para tener una hoja de ruta sobre la designación de los superintendentes de las circunscripciones judiciales, en atención a la gestión tan necesaria en la mayoría de ellas, sobre todo en el interior del país.
Declaración falsa es un delito
Respecto al debate si mentir en la declaración jurada que los funcionarios públicos presentan ante la Contraloría General de la República constituye un hecho punible de declaración falsa, el ministro Ramírez Candia indicó que actualmente existe acción de inconstitucionalidad planteada sobre ese punto, que debe resolverse en la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial.
Sin embargo, indicó que en la sentencia dictada por el tribunal Especializado en Delitos Económicos, que condenó a Ramón González Daher a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa, se sostiene claramente que eso es un hecho punible.