Luego del análisis correspondiente, la jueza María Elena Cañete, del Juzgado de Paz de Garantías de San Lorenzo, rechazó lo solicitado por el abogado Fernando Javier Rojas, defensa de Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la institución departamental a cargo del gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), también imputado.
Ayer jueves se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas para Javier Marcelo, imputado en calidad de cómplice de lesión de confianza, declaración falsa y producción de documentos no auténticos y como coautor de asociación criminal, en la causa que el Ministerio Público investiga sobre la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en 2020.
En la ocasión, la jueza María Elena Cañete ordenó el arresto domiciliario del director financiero por falta de arraigo y, además, porque la defensa no presentó ninguna garantía suficiente que haga suponer al Juzgado que Rojas Giménez, se someterá al debido proceso.
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Pero hoy la defensa del funcionario departamental representado por Fernando Rojas solicitó la revisión de medidas y pidió libertad ambulatoria para su cliente. Pero la magistrada Cañete rechazó el pedido ya que “no se garantizó con ningún medio al Juzgado, que Javier Marcelo cumpliría su sujeción a las resultas del proceso. No ofreció ninguna garantía personal ni real, además no existe arraigo”, aseguran desde el Juzgado de San Lorenzo.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, investigan el supuesto despilfarro de G. 6.382 millones, fondo covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central administrada por el cartista Hugo Javier González, también imputado, para generar fuentes de trabajo durante la pandemia.
En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, facturas reemplazadas que maquillaron la ejecución del dinero, entre otras groseras irregularidades. Los agentes no descartan que surjan nuevos hechos punibles tras el análisis de los documentos incautados en varios allanamientos y además podría haber más imputados.
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En la causa, el pasado 1 de noviembre fueron imputadas 15 personas incluyendo al gobernador Hugo Javier, el director financiero Javier Marcelo y el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones, parte del fondo covid. Los hechos investigados son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Debido a las innumerables chicanas presentadas por la defensa de varios de los imputados, especialmente por los abogados de Hugo Javier que son Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, hasta hoy, están pendientes 14 audiencias para imposición de medidas.
En los próximos días, el Juzgado fijó fecha de audiencia para funcionarios de la Gobernación involucrados en el caso. Por ejemplo, el 21 de febrero se deberá presentar Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas, el 22 de febrero Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, el 25 de febrero Adalberto Benítez Aguilera, exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras y el 2 de marzo debe asistir Lourde Verónica Lezcano, secretaria general. También fueron citados dos contratistas, el 23 de febrero José Félix Grau Fernández y el 24 Óscar Gaete.