La denuncia fue presentada por Gilberto Arriola Garay, exdirector de la Juventud de la Gobernación, en octubre de 2020, ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). La Fiscalía Adjunta, cuya titular es Soledad Machuca, informó sobre el caso a la Contraloría General de la República (CGR) en diciembre de 2020 y solicitó una serie de informes al respecto, que hasta hoy no fueron remitidos al Ministerio Público, para que este, a su vez, analice la admisión de lo denunciado.
Por su parte, el director de Control de Organismos Departamentales y Municipales de la Contraloría, Ignacio Dellavedova, que tiene a su cargo generar los informes solicitados por la Fiscalía, aseguró que “apenas recibieron el expediente se le dio el trámite correspondiente”.
Pero recién el pasado 31 de enero, luego de averiguaciones sobre el caso hechas por ABC Color, la Contraloría solicitó una serie de documentos al gobernador cartista Hugo Javier González. El plazo de contestación venció el pasado viernes 4 de febrero, pero hasta hoy la Gobernación no contestó.
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Documentos solicitados
Solicitaron el reglamento del programa de becas, el presupuesto aprobado y el total ejecutado, registros contables y presupuestarios relacionados a las operaciones realizadas (ingreso y egreso) con el otorgamiento de becas, documentos que respalden la concesión de becas, convenios suscritos entre la Gobernación y las instituciones beneficiadas, listado de las instituciones beneficiadas con detalles como los montos de las carreras, periodo correspondiente a la transferencia, datos personales del alumno, carrera, monto concedido, entre otros.
También pidieron informe del comité evaluador y la nómina de los integrantes del comité responsable de la transferencia, respaldo de la comunicación de la concesión de las becas al Consejo Nacional de Becas, informe de las instituciones sobre la situación académica de los beneficiarios, rendición de cuentas de las instituciones beneficiadas y otros.
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Supuestos hechos de corrupción
La denuncia formulada por Gilberto Arriola contra Hugo Javier es por los supuestos hechos punibles de malversación de fondos, tráfico de influencias y de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Parte del presupuesto para becas, unos G. 2.000 millones, habría sido transferida a cuatro universidades, donde incluso, por cada alumno beneficiado, la Gobernación pagó supuestamente hasta G. 26 millones por carrera.
El denunciante apuntó al Instituto Superior en Ciencias de la Salud Santa Rosa Mística (13 alumnos), la Universidad Tecnológica Intercontinental (57), el Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz (17) y Universidad Nihon Gakko (93 alumnos), una de las “mejores beneficiadas” con más de G. 1.995 millones y cuya rectora es la senadora Hermelinda Alvarenga (PLRA, llanista).
Según el presupuesto remitido por estas universidades, la Gobernación debió desembolsar en 2019 G. 1.845 millones. Sin embargo, González transfirió G. 3.869 millones, y así la diferencia es de G. 2.024 millones.