“Escuché todo cuando el comandante estaba hablando en vano (ñe’ẽmbarei)” dijo Villalba en una entrevista desde la clandestinidad al referirse por los dichos del alto jefe policial, que le pone como principal líder de la ocupación de unas 2.000 hectáreas de tierra, en Tacuapí, Yasy Cañy, perteneciente a la familia Sanabria.
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En el lugar fueron asesinados el tractorista de la estancia, Mateo Vargas Vera (28), indígena y Osvaldo Vázquez Samudio, suboficial de policial fuera de servicio. Este último falleció al día siguiente de haber sido herido.
Niega acusaciones en su contra
El dirigente negó tener participación en el hecho, pero cuestionó la nula investigación de la policía a otros hechos de violencia y homicidios ocurridos en la zona. Habló sobre el asesinato de Edison Mercado y Arnaldo Quintana, quienes fueron acribillados por guardias de seguridad, años atrás y varios otros hechos que nunca fueron esclarecidos, según afirma.
Aseguró que al momento de la denuncia, el propio fiscal Juan Daniel Benítez les había dicho que seguirán muriéndose los campesinos.
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Acusó a un tal Yunior Shendel, brasileño supuesto administrador de una parte de la propiedad de los Sanabria, de mantener una presunta deuda con el indígena Mateo Vargas, uno de los asesinados el jueves pasado y que, según él, pudo haber sido el móvil del crimen.
El mismo dijo que no vive en la propiedad ocupada donde se registró el doble homicidio, asegurando que solo brinda apoyo a las familias del lugar como paraguayo, y que solo se enteró por los medios de comunicación de lo sucedido. Dijo que vive en la Colonia Pindó, otra comunidad campesina ubicada en la zona.
De igual forma, negó estar involucrado en la quema de vehículos de los guardias de seguridad en el mes de diciembre del año pasado y en otros hechos de violencia.
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Habló sobre las 4.000 hectáreas de tierra que, según él, pertenecen a la Industrial Paraguaya, y que los actuales supuestos dueños no presentan los respectivos títulos. Al respecto, señaló que deben ser expropiadas y entregadas a las familias campesinas.
Rubén Villalba cuenta con orden de captura por el supuesto ataque a la comitiva fiscal-policial durante el operativo de desalojo que se llevó a cabo en noviembre del año pasado y por supuesta invasión a la propiedad privada.