El juez de Garantías Rolando Duarte dictó medidas alternativas a la prisión para Ángel Román Zaracho Núñez y Roberto Merardo Almirón Acha, dirigentes de la Federación de Camioneros del Paraguay procesados por los supuestos hechos punibles de coacción grave, perturbación de la paz pública, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y coacción a órganos constitucionales.
El magistrado impuso para cada uno una fianza personal de G. 50 millones, además de la prohibición de cambio de domicilio sin previa comunicación al Juzgado, obligación de no cambiar el número de celular y la obligación de asistir a la audiencia preliminar a ser fijada en su momento oportuno.
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La denuncia contra Zaracho Núñez y Almirón Acha fue presentada por los gremios de producción industrial como la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), la Federación de Cooperativas de Producción limitada (FECOPROD) y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), bajo patrocinio del abogado Ricardo Preda.
Ambos fueron denunciados por amenazas, extorsión y actos de violencia cometidos entre finales de julio y los primeros días de agosto de 2021, contra los choferes de camiones que no se sumaron al paro del sector para exigir un ley que garantice el aumento del precio del flete.
Protesta llegó a la Costanera de Asunción
Las manifestaciones y cierres de rutas del país iniciaron el 28 de julio del año pasado, abarcando casi todos los departamentos y caminos utilizados para transportar productos y materias primas de la industria.
En su denuncia, el abogado Preda detalló que accedió a audios e imágenes que muestran cómo los manifestantes cometieron amenazas y actos de violencia contra los choferes que no se sumaron al paro, afectando directamente la libertad de los que no estuvieron interesados en participar de las protestas, e incluso poniendo en peligro la integridad física y hasta la vida de las personas y de cualquier otro ciudadano que circulaba en esos días por las rutas nacionales.
Preda señaló también que los actos extorsivos, que se extendieron a la capital del país con la concentración de los choferes y sus camiones a lo largo de la Costanera José Asunción Flores, obstruyendo el paso y estacionando en lugares prohibidos, poniendo en peligro a quienes circulan por Asunción.
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El profesional también refirió que los camioneros buscaban imponer costos y precios por medio de una ley, cuando estos deben manejarse según las reglas del mercado. En este mismo sentido, denunció que los manifestantes intentaron ejercer influencia sobre órganos del Estado encargados de sancionar y promulgar leyes.
Luego de 22 días de paro los camioneros levantaron la medida de fuerza el 18 de agosto, tras lograr un acuerdo con el sector productivo y el aumento del 30% en el precio del flete.