Otro revés para Hugo Javier, quien sigue zafando de imposición de medidas

La Cámara de Apelaciones rechazó un recurso de aclaratoria que planteó el gobernador de Central, Hugo Javier Javier González. Sin embargo, la audiencia de imposición de medidas para el procesado por el caso “obras fantasmas” iniciado en noviembre del año pasado no puede sustanciarse aún, debido a otra chicana que está pendiente de resolución.

El gobernador de Central, el imputado Hugo Javier, con Horacio Cartes y Santiago Peña.Archivo, ABC Color
audima

El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Arnulfo Arias y Andrea Vera Aldana, resolvió no hacer lugar a la aclaratoria del Auto Interlocutorio N° 2 de 4 de febrero pasado, solicitado por la defensa del gobernador de Central Hugo Javier González, procesado junto a otras 14 personas por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Mediante al A.I N° 2 el tribunal de alzada rechazó la recusación y confirmó en la causa a la jueza de Garantías María Elena Cañete y en el 2° punto advirtió con sancionar al procesado y sus los abogados defensores si insisten en plantear recursos dilatorios. Contra este punto mencionado es que el “N° 2″ solicitó la aclaratoria, bajo patrocinio de los abogados Andrés Casati y Jorge Arturo Daniel.

Si bien la magistrada fue confirmada en la causa, sigue sin poder convocar a Hugo Javier González para la audiencia de imposición de medidas, debido a que la Cámara de Apelaciones debe resolver la apelación planteada por la defensa, en contra del rechazo del incidente de nulidad del acta de imputación.

Contraloría reconfirmó uso de facturas clonadas

La semana pasada la Contraloría General reconfirmó la clonación de facturas y uso de comprobantes anulados para la rendición de cuenta de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia entregados al imputado gobernador de Central Hugo Javier González (ANR, cartista).

Las inconsistencias en los documentos de respaldo (facturas) presentados por el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por el imputado Tadeo Álvarez, fueron comprobadas (circularización) con los proveedores, dice la observación número diez del informe final de la Contraloría sobre el uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del 2020) entregados al “N° 2″.

El dinero público fue transferido a ese organismo por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia por el covid-19 y debía ser destinado a la reactivación económica del Departamento Central.

Según los auditores, las facturas no utilizadas, no autorizadas, anuladas y de dudosa veracidad, son por más de G. 1.064 millones de los G. 5.105 millones recibidos por la ONG CIAP. El actual jefe departamental, el exanimador de fiestas Hugo González, entregó aquel dinero público a dicha entidad “sin fines de lucro” para la realización de obras diversas, según los acuerdos firmados y adjuntados a la rendición de cuentas.

La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), además del Ministerio Público, habían confirmado hace meses esa misma situación. La CGR tardó nueve meses para reconfirmar la irregularidad.

Fiscalía pide prohibirles el ingreso de la gobernación

Además de Hugo Javier González en la presente causa están procesados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo; y el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde.

También Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, y varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola, y el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo.

Otros procesados son el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; la funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, Modesta Valiente Escobar; y el exjefe de Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera.

Para todos los procesados los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said solicitaron medidas alternativas a la prisión, pero pidieron al Juzgado de Garantías, en carácter de urgencia, que les prohíba el ingreso a la sede de la Gobernación de Central. Sin embargo, hasta la fecha esto no se pudo disponer.

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