En un tempranero tuit divulgado poco después de las 05:30 de ayer, la fiscala general del Estado informó que ordenó la apertura de una causa penal sobre contrabando y lavado de activos con relación al esquema que fue denunciado por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, el jueves pasado en el Congreso.
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Para el efecto, la titular del Ministerio Público designó a los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, ambos de UDEA. Precisamente hoy el fiscal Legal realizó las primeras diligencias con relación al caso, entre ellas un pedido de informe al Congreso Nacional sobre los hechos denunciados por Giuzzio.
El único problema es que uno de los abogados que salieron a hablar en los medios de comunicación en representación del expresidente sobre el caso es el abogado Ricardo Preda, quien ejerció la defensa de Legal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en una causa impulsada a la par que llevaba el juicio oral y público contra Ramón González Daher por usura y lavado de dinero.
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Si bien la propia acusadora del JEM, Carmela Ramírez, solicitó en diciembre pasado la absolución del agente fiscal, hasta la fecha el órgano investigador de jueces no ha dictado sentencia aún con relación al caso. El defensor Preda se allanó al pedido de la acusación y, a la fecha, se espera la sesión en la que se tratará el tema, sin fecha confirmada aún.
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Esta situación obligará a Legal a apartarse del caso, tras lo cual la investigación quedará a cargo de Liliana Alcaraz, de tibia actuación en las causas abiertas al cigarrillero brasileño Roque Silveira por haber ocultado en su estancia al amigo del alma de Horacio Cartes, el doleiro Darío Messer, y también en el proceso abierto a Messer, donde pretendió avalar la transferencia del proceso al Brasil, en una actuación cuestionada tanto por el juez especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú como por el Tribunal de Apelación en lo penal interviniente en el caso, primera sala.
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Recordemos que Silveira “zafó” del proceso penal gracias a la donación de una ambulancia. La defensa del cigarrillero estuvo a cargo de los abogados Andrés Casati y Jorge Arturo Daniel.
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Casati y Daniel coincidentemente ejercen la defensa del gobernador de Central Hugo Javier González, imputado por corrupción.
Coincidencia o no, Ricardo Preda también estuvo a cargo de la defensa del senador cartista Javier Zacarías Irún. Precisamente el 18 de mayo del 2020 el abogado Preda presentó una excepción de inconstitucionalidad que paralizó el proceso abierto al parlamentario y a su esposa, la exintendenta de Ciudad del Este Sandra Mc Leod por declaración falsa.
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La presentación de Preda, que hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no se anima a resolver, ataca el artículo 243 del Código Penal, que sanciona el hecho punible de declaración falsa, pues a su criterio el mismo atenta contra el artículo 18 de la Constitución Nacional.