El hecho registrado el domingo 30 de enero, alrededor de las 21:30, en el anfiteatro “José Asunción Flores” de la ciudad de San Bernardino, en medio del “Ja’umína”, dejó como saldo la muerte de un supuesto microtraficante Marcos Ignacio Rojas Mora, quien acusó ocho tiros; y también de la mediática Cristina Isabel Aranda Torres, conocida como Vita Aranda, quien acusó un disparo en la cabeza.
Otras cinco personas también resultaron heridas en ese trágico acontecimiento, identificadas como: Sady Aline Bonzi García (23), Jorge Benítez (40), Xoana Barrientos (29), así como Marcelo Eladio Monteggia Díaz (40) y José Luis Bogado Quevedo (38).
Sobre los dos últimos heridos citados, Monteggia actualmente está en proceso de extradición, pues es requerido por la justicia de Bolivia donde está acusado por asociación delictuosa y asesinato; por su parte, el supuesto traficante de armas y drogas, Bogado, es solicitado por Brasil, donde fue condenado por organización delictiva.
Investigadores
En este sentido, la Policía Nacional, a través de los departamentos de Investigación de Homicidios, Lucha contra el Crimen Organizado y Criminalística, lleva adelante la investigación técnica de los elementos colectados.
El Ministerio Público, por su parte, también está indagando los distintos hechos y para ello realizó la apertura de líneas investigativas.
Para las diligencias fueron asignados la fiscala de San Bernardino Angélica Insaurralde, los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Lorenzo Lezcano de la Unidad Especializada de Crimen Organizado; los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Aristas investigativas
Los btestimonios, vía redes sociales de José Aranda y el jugador de Olimpia Iván “Tito” Torres, hermano y esposo de Vita Aranda, respectivamente, sobre la falta de control y seguridad antes y durante el evento, así como la precariedad de la ambulancia en la que fue auxiliada la “influencer”, dieron pie a otra línea de investigación.
Precisamente los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Lorenzo Lezcano, con relación a lo ocurrido, son quienes se encargan de esta primera línea investigativa que trata sobre la falta de cobertura por parte de la Policía Nacional dentro del anfiteatro, si la organización pidió o prohibió la presencia policial en el interior del espacio.
Así también, sobre el control de personas que ingresaban al sitio y la falta de salidas de emergencia y vehículos para situaciones de contingencia, en ese sentido los requisitos con los que debía cumplir la ambulancia en la que fue auxiliada Aranda.
Dentro de esta misma arista, se analizan las responsabilidades de la organización, para una eventual imputación si se determina la figura penal que fue lesionada.
La segunda línea de investigación corresponde al ataque en sí, llegar a identificar al criminal que efectuó los disparos y la organización delictiva detrás de él, pues una de las hipótesis que surge es una guerra entre facciones de narcos, pues Marcos Rojas era el blanco de las balas, según los primeros datos recogidos.
Dentro de esta parte, también se busca la conexión en cuanto a la presencia de personas ligadas al narcotráfico y entre estas como Rojas Mora, José Luis Bogado Quevedo y el prófugo de la justicia boliviana Marcelo Eladio Monteggia Díaz, estos dos últimos resultaron heridos de manera colateral. Así como la cuestión de cómo los mismos pudieron pasearse a las “anchas” por el país.
De la tercera línea de investigación se encargan los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y es en relación a las 13 veces que fue modificado el prontuario de José Bogado, en el sistema informático policial.
La situación judicial de Bogado Quevedo saltó a la luz, un día después del ataque, cuando se conoció que el suboficial Ramón Vargas Espinoza, desde la Dirección de Policía de Ñeembucú, cargó nuevamente el Oficio N° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018, en el que el juez de sentencia Elio Rubén Ovelar ordena la “detención preventiva con fines de extradición” para el mismo.
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De esta forma comenzaron a indagar y constataron, a través del historial de modificaciones del sistema informático de la Policía que el prontuario de Bogado fue modificado por el suboficial de apellido medina el 4 de enero de 2018, quien cargó la orden de detención; después en cinco oportunidades el suboficial Félix Ayala, quien modificó tal petición judicial y, el suboficial Vargas, quien en seis ocasiones sobreescribió la información de Bogado.
Tanto Vargas como Ayala están imputados por frustración de la persecución y ejecución penal, y cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada.