Estos funcionarios prestan servicio en el juzgado de Luque y según fuentes, continúan en funciones, a las resultas del sumario administrativo a cargo del superintendente general de Justicia interino, Carlos Enciso.
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Recordemos que en un principio, la jueza Carmen Román habló del sumario a una sola funcionaria, la que fue identificada como la que desde su usuario se desvinculó a la fiscal Ledesma de la causa, para así imposibilitar a la agente del Ministerio Público de presentar la apelación contra la resolución que dispuso la libertad de Ramón González Daher.
No se conocen resoluciones que dispongan sus traslados o una eventual suspensión.
En declaraciones a nuestro diario, la magistrada Román aclaró que la joven cuyo usuario fue utilizado negó responsabilidad en el hecho investigado y sostuvo que ya no se encontraba en el juzgado al momento de la maniobra, por lo que pidió chequear la marcación del horario de entrada y salida. Asimismo, dijo que la funcionaria pidió ya no trabajar en dicho juzgado, motivo por la cual solicitó que se quede a cargo de Recursos Humanos.
Auditoría de reacción inmediata
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia dispuso la realización de una auditoría de reacción inmediata, a los efectos de aclarar lo ocurrido en el juzgado penal de garantías de Luque. Este trabajo está a cargo de profesionales de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, cuyo titular es el abogado Rodolfo Heyn.
Los auditores deben verificar todas las circunstancias que hacen al desarrollo de la causa N° 8946, caratulada “Ramón Mario González Daher sobre denuncia falsa”, es decir, desde la misma intervención del juez Enrique Sanabria, así como las actuaciones del mismo.
Recordemos que la fiscala Sandra Ledesma denunció públicamente una serie de irregularidades en la actuación del citado magistrado, quien ya fue cuestionado por una de sus víctimas, Carlos Kiese, como uno de los magistrados utilizados por RGD para el “apriete” por una supuesta deuda.
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El magistrado Enrique Sanabria, quien cedió su residencia para una fiesta organizada por el concuñado de su hermano Óscar González Daher, el camarista en lo civil y comercial Enrique Mongelós, se vio involucrado en una situación como mínimo llamativa, luego de que saliera a luz pública que la Fiscalía encontró entre los cheques incautados a RGD cuatro por un valor de casi G. 50 millones, a nombre de Enrique Sanabria, de los años 1991 y 1992.
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Consultado al respecto por nuestro diario, el juez no negó los documentos, pero afirmó que no “prestó” dinero del condenado por usura, sino que son cheques que entregó en concepto de pago por mercaderías antes de ingresar a la magistratura, pues en la época se desempeñaba como comerciante.
En un fallo histórico, en diciembre último González Daher fue condenado a 15 años de pena privativa de libertad por usura, lavado de dinero y declaración falsa, pero no fue enviado a prisión porque ya cumplió la pena mínima prevista para los delitos mencionados. En el mismo juicio, su hijo Fernando Karjallo fue sentenciado a cinco años de cárcel por lavado de dinero
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No obstante, actualmente pesan dos pedidos de prisión contra el mismo, uno el presentado por la fiscala Ledesma y que fue rechazado por Sanabria y es objeto de estudio por el Tribunal de Apelación de Central de feria y otro presentado por la fiscala de Asunción Natalia Cacavelos, que será estudiado por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, en una audiencia fijada una vez sorteadas las chicanas promovidas por la defensa.