La utilización de los más de G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid entregados por el Poder Ejecutivo a la Gobernación de Caazapá, administrada por Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, velazquista), cada vez se enreda más. Y es que a más de los documentos adjuntados a la rendición de cuentas, que evidencian dobles transferencias para las mismas obras, surgen dudas sobre los beneficiarios reales con el dinero público.
El jefe departamental caazapeño, al igual que sus colegas de Central y Canindeyú, los cartistas Hugo Javier González y César “Tigre” Ramírez, respectivamente, entregó la plata pública a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) integradas por comisiones, asociaciones, etc. En el caso de Pipo, un total de siete entidades sin fines de lucro aparecen como las elegidas para administrar los recursos recibidos para la reactivación económica golpeada por la pandemia del covid.
Una de las ONG beneficiadas por Díaz Verón fue la Comisión de Desarrollo y Fomento Caazapá, presidida por Jorge Andrés Segovia Benítez, un efectivo policial activo y jefe de la comisaría de Caazapá. Esta comisión recibió G. 367 millones para la construcción de empedrados, según los documentos.
La comisión igualmente tiene como miembro titular a otro policía en actividad, Julio César Segovia Benítez, que es hermano del principal responsable.
Lo sorpresivo es que Julio Segovia aparece como personal de seguridad y coincidentemente está asignado como custodio del gobernador Pedro “Pipo” Díaz Verón, según confirmó a ABC el propio jefe departamental días atrás.
Díaz Verón, en aquella entrevista, también dijo que desconocía la integración de efectivos policiales en las organizaciones beneficiadas con los fondos covid. Expresó que las entidades beneficiadas presentaron todos sus permisos, como del Ministerio de Hacienda y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Otros policías
La Comisión del Club Sport Viscaino también tiene como principales representantes a policías en actividad. Se trata de Raúl Alonso Garay y Marcelino Paiva Benítez, presidente y tesorero de la ONG, respectivamente, que recibió G. 142 millones del fondo covid.
“Me pongo a disposición”
El gobernador Pedro “Pipo” Díaz Verón organizó ayer una conferencia de prensa para anunciar que se ponía a disposición del Ministerio Público en el marco de la investigación abierta por el uso de los fondos covid. Hemos presentado en la fiscalía la nota en la cual nos ponemos a disposición y solicitamos copia de la carpeta fiscal, dijo sin entrar en detalles sobre otros puntos, como miembros de las ONG, vínculos, etc.
Hermano de secretario privado
La documentación adjuntada en la rendición de cuentas presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) revela no solo que la Comisión de Desarrollo y Fomento está integrada por efectivos policiales en actividad sino que aparece un exfuncionario de la comuna caazapeña, cuando Pipo era intendente (2010-2017). Se trata de Fredy Ramón Quintana Reyes, exagente de tránsito.
Lo sorpresivo es que él también es hermano del actual secretario privado del jefe departamental, Éver Nicolás Quintana Reyes. Según la planilla publicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), Nicolás Reyes ingresó en abril del año pasado a la institución departamental con un salario de G. 7.745.000.
Tanto Fredy como Nicolás igualmente son hermanos de otro miembro de la ONG que figura en el acta de constitución del 21 de setiembre de 2018. Se trata de Luis Alberto Quintana Reyes.
Otro exempleado
Otro exempleado de la Municipalidad de Caazapá que salta en la documentación es Yonny Guzmán Florentín, presidente de la Asociación de Desarrollo Interdistrital de Caazapá. Este ingresó a la institución comunal en 2013, coincidentemente, cuando Pipo Díaz Verón era intendente.
Guzmán Florentín permaneció como empleado hasta el año 2020, según los registros de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, la asociación se creó cuando era funcionario público, atendiendo que su acta de constitución tiene fecha 26 de octubre de 2018.