La denunciante abogada Fernández Scholl refiere que ante la intervención del agente fiscal Deny Yoon Pak, al momento de contestar el traslado del recurso de apelación deducido por la defensora contra el AI N° 1 de fecha 13 de enero de 2022, se torna ilegal e ilegítimo pues contiene varios vicios y que demás viola la Ley N° 4017/10 “De validez de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico”, y el Protocolo de Tramitación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia y todas las acordadas referentes a la firma electrónica y al usuario otorgado por la Corte Suprema de Justicia”, refiere en la causa que investiga la incautación de 3.415 kilos de cocaína, en Fernando de la Mora.
La denuncia se promovió ante la jueza penal del Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Agrega: “Los agentes fiscales en este proceso en específico, arrastran una mala costumbre de actos irregulares, que los jueces como el mismo Tribunal de Apelaciones consienten, pero hay que ponerle un límite a ello, resulta grave que el representante de la sociedad utilice un usuario que es personalísimo del fiscal Eduardo María Rpyg Acha, y si el fiscal Deny Yoon Pak no cuenta con usuario habilitado en el presente proceso, lo correcto era que el mismo presente la resolución de que el mismo era encargado de despacho como dice su escrito, o interino de la Unidad N° 4 y presentar un escrito formato papel ante la Oficina de Atención Permanente, ante la falta de habilitación de su usuario”.
Lea más: Cae otro de los buscados por el caso de la megacarga de cocaína
“Estas actuaciones del agente fiscal son ilegales al violar la Ley N° 4017/10 y el Protocolo de Tramitación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia y por ende nulas por lo que corresponde el desglose del escrito presentado por el usuario del fiscal Eduardo Royg, en fecha 15 de enero de 2022, a las 10:02″, refiere la denuncia.
“Asimismo corresponde se remitan estas actuaciones a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a fin de que se instruya un sumario, pues resulta gravísima la actuación del agente fiscal que presta su usuario y de agente fiscal que utiliza el usuario del colega, pues el usuario es una firma electrónica personalísima y no ser ser utilizada alegremente como estos fiscales lo utilizan”, dice la abogada Fernández Scholl.
De igual manera, sostiene: “La inversión del sistema electrónico es multimillonario, y busca dar transparencia y seguridad a las actuaciones producidas en el expediente judicial electrónico, y estos representantes de la sociedad en forma absolutamente irresponsable ponen en riesgo la tramitación electrónica del expediente, violando con ello la ley, el protocolo de tramitación electrónica de la Corte Suprema y las acordadas que lo reglamentan”.