Los cinco edificios que se construyen en el Puerto de Asunción están casi terminados pero, aún cuando parezca insólito todavía no tienen una conexión eléctrica adecuada, por lo que ni siquiera pueden probar los sistemas de aires acondicionados que se instalaron allí, situación que retrasará todavía más la mudanza de los seis ministerios a estas torres.
El consorcio TBI –integrado por Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA–, contratista de esta obra, remitió una nota al MOPC ya en marzo del año pasado, en la cual advirtió que el complejo de los ministerios debía contar con un suministro eléctrico previsto por la ANDE, pero esto nunca se pudo concretar, por lo que las costosas torres siguen sin tener la conexión eléctrica que necesitan.
Por esta razón, en noviembre último, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó otra licitación para la construcción de la línea subterránea de alimentación de media tensión de 23.000 voltios, que se otorgó a la firma Benito Roggio e Hijos SA, por otros G. 5.848 millones, pero cuyas obras no avanzan hasta la fecha.
En la institución aclararon ayer que esta adjudicación se financia con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que no corresponde al saldo del préstamo del fallido metrobús, empréstito que el MOPC quiere seguir usando para “equipar” estas oficinas del Gobierno, pero que aún debe ser aprobado en el Congreso. En este caso, la cartera quiere gastar otros US$ 34 millones que no se usaron en el fracasado plan.
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Otra prórroga
“Las oficinas de gobierno necesitan 12.500 kWh (kilowatts/hora) para hacer funcionar este complejo y para eso se necesita una línea de media tensión exclusiva que venga de la subestación de 14 de Mayo y General Díaz, lo que no figuraba en nuestro contrato, pero que el MOPC licitó en octubre pasado y ya se adjudicó”, señaló ayer a ABC Color el ingeniero Carlos Orué, representante legal del Consorcio TBI.
Siguió: “Nosotros necesitamos esta potencia para probar ya sean los aires, los ascensores, etc. Estas pruebas tenemos que hacer simultáneamente para ver cómo funcionan y entregar las instalaciones con garantía”.
Indicó que, por este motivo, todavía no podrán entregar los edificios al MOPC, porque primero tienen que probar todos los equipos que instalaron y que, necesariamente, deberán firmar otra prórroga de los plazos, atendiendo a que la última adenda que rubricaron amplió el cronograma hasta diciembre del año pasado.
En total, el MOPC y el Consorcio TBI ya firmaron siete adendas que modificaron los plazos del contrato.
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Sobrecostos y retrasos
Las obras de los edificios para las oficinas de Gobierno se adjudicaron por G. 478.828 millones (US$ 71,5 millones al cambio actual) al Consorcio TBI, pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 85,8 millones), por lo tanto ya se registró un sobrecosto de 95.750 millones (US$ 14,3 millones), que representa un incremento del 20%. Esto justamente porque agregaron el eje cívico al proyecto (parque con estacionamiento subterráneo), para aumentar la capacidad de estacionamiento del lugar, que en su momento se cuestionó.
En el contrato que firmó el exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona con el Consorcio TBI el 22 de setiembre de 2017, se estableció un plazo de 30 meses para culminar las obras de las torres, periodo que ya se cumplió en marzo del 2020 y que no se cumplió por las “lluvias” que afectaron al cronograma de los trabajos.
Este plazo se estableció en la subcláusula 1.1.3.3 del contrato, donde se estableció “30 meses para la culminación total de los trabajos”, de los cuales “tres meses debían ser para el diseño ejecutivo y 27 meses” para las obras propiamente.
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Sin embargo, a través de convenios modificatorios cambiaron totalmente los plazos de ejecución, según los documentos a los que accedió este diario.
La última prórroga que se dio a la contratista fue autorizada por el ministro Arnoldo Wiens, y los trabajos debían culminar totalmente en diciembre último, pero nuevamente se otorgará otra ampliación, porque no se pueden ni probar los equipos ante la falta de una conexión eléctrica.
Aunque esta obra se financia en su mayor parte con recursos propios del Estado, se rige bajo las reglas del BID (también financista), evadiendo la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. El proyecto forma parte del “Programa de Reconversión Urbana y Metrobús”; pero este último plan ya fue cancelado, tras causar un enorme perjuicio a la ciudadanía.