Abdo Benítez firmó el Decreto N° 6565 del 4 de enero pasado por el cual veta totalmente el proyecto de ley N° 6886/2021 «Que modifica y amplía los artículos 1° y 2° de la Ley N° 6743/2021, “Del régimen de jubilaciones de los profesionales psicólogos”», sancionado por el Congreso Nacional el 16 de diciembre pasado.
En el considerando del Decreto del Poder Ejecutivo refiere que “el presente proyecto de ley pretende extender a los profesionales psicólogos, de todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), el régimen jubilatorio recientemente creado para los profesionales psicólogos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), sin establecer elementos básicos tales como tasas de aporte, metodología de actualización, remuneración imponible, entre otros elementos fundamentales que deben ser considerados en una normativa previsional”.
“Que el sistema de jubilaciones y pensiones del cual forman parte los profesionales psicólogos del sector público, actualmente, presenta retos muy importantes que, en gran medida, provienen de la inequidad y la transición demográfica, lo que involucra riesgos de sostenibilidad del sistema. En ese contexto, propuestas como la reducción de la edad de jubilación, de los años de contribución y del periodo considerado para el cálculo de la remuneración base, así como el aumento de la tasa de sustitución, sin una contrapartida de financiamiento, no se encuentran en la dirección correcta.
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El Ejecutivo refiere que los estudios técnicos realizados por el Ministerio de Hacienda, respecto al sistema de pensiones, muestran que el valor presente del déficit de los programas administrados por la Caja Fiscal se sitúa en torno al 28,5 por ciento del PIB, en términos nominales a valores del 2019, en un horizonte de mediano plazo. “Que teniendo en cuenta el escenario actual, cualquier aumento de beneficios sin un correspondiente ajuste en los parámetros de contribución u otra fuente de ingresos, sería financieramente insostenible y presionaría a reformas paramétricas más costosas”.
El Decreto señala que el incremento de los beneficios junto con la existencia de importantes diferencias en las reglas de elegibilidad para una jubilación son dos elementos del diseño que generan las principales ineficiencias e inequidades. Indica, además, que siendo el Estado el garante implícito de la seguridad social, los déficits generados, finalmente, serán cubiertos con impuestos provenientes de todos los paraguayos.
La disposición refiere que el régimen propuesto reduce la edad de jubilación ordinaria de 62 a 55 años y crea una jubilación especial con el 50 % de aportes, sin una edad mínima. “Los parámetros, además de la edad, los años de aporte y la tasa de sustitución ya están definidos para todo el sector de la administración pública, del cual hoy forman parte los profesionales psicólogos. Cualquier ajuste tiene un impacto en el sistema en su conjunto, por lo que estos cambios deben ser evaluados en un contexto de sostenibilidad, y el presente proyecto no cuenta con un estudio actuarial que lo sustente”, consigna.
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“Que el proyecto propone que, con la misma edad, tasa y años de aporte, los psicólogos reciban una jubilación del noventa por ciento (90 %) del salario promedio de los últimos 36 (treinta y seis) meses, mientras que un jubilado del sector de la Administración Pública recibe solamente el cincuenta y cuatro por ciento (54 %), considerando, además, el promedio de los últimos sesenta (60) meses de las remuneraciones imponibles percibidas. Que las presiones demográficas harán que los sistemas sean cada vez más costosos. En Paraguay, el número de personas con 65 años y más pasará del 6 por ciento al 14 por ciento en el año 2050; lo que representa un desafío, principalmente para un esquema de beneficio definido como el nuestro, por lo que reducir la edad de jubilación no se encuentra en línea con las tendencias mencionadas”, refiere el Ejecutivo en el considerando del Decreto.
Buscaba equiparar
En diciembre pasado, el senador Jorge Querey (FG), de la Comisión de Salud, manifestó que solo se buscaba equiparar a los psicólogos de varias entidades públicas, como el Hospital de Clínicas y el Senadis, que fueron excluidos en la primera versión de la ley. También dijo que esta modificación no representaba un aumento presupuestario o impacto financiero negativo.
Fernando Lugo (FG) señaló que los psicólogos dependientes de Clínicas y el Senadis entre otros aportan lo mismo a la caja y con la misma carga horaria.
Sin embargo, Stephan Rasmussen (PPQ) dijo que la bancada del Partido Patria Querida no acompañaba la ley porque solo agrandaba “el agujero” de la Caja Fiscal. Sostuvo que al aprobar la primera ley se prometió que solo estarían incluidos los profesionales del Ministerio de Salud y ahora se agranda el alcance.
Advirtió que tal como en otros países en las últimas décadas, el sistema de jubilación podría colapsar perjudicando a los aportantes.
Desirée Masi (PDP) pidió a Salud Pública y Hacienda “dejarse de joder” con los contratados que no están cobrando sus salarios y tampoco aportan jubilación.