La Comisión Permanente del Congreso, presidida por la senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista), se reunió hoy y agotó su orden del día sin mucho debate siendo el tema más trascedente la supuesta lucha contra el contrabando.
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Al inicio de la sesión, el pleno aprobó el pedido de informe al Ministerio de Agricultura presentado por los diputados de la bancada del Partido Patria Querida. Sebastián Villarejo pidió a la cartera datos concretos sobre la lucha contra el ingreso al país de productos sin habilitación.
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Posteriormente se analizó el pedido de investigación contra el juez de Villa Hayes, Carlos Alberto Lezcano Fernández, presentado por la senadora Lilian Samaniego y el senador Arnaldo Franco, ambos oficialistas.
Se plantea que los legisladores representantes ante el JEM inicien una investigación contra el magistrado.
Denunciado públicamente
Samaniego dijo que el magistrado fue denunciado públicamente por la Unión Industrial Paraguaya por liberar una gran carga de varillas sin permisos ni autorización que estaban bajo resguardo desde 2016. Señaló que la UIP hizo esta denuncia en el marco de las reuniones entre autoridades nacionales y empresarios en el marco del plan de lucha contra el contrabando. Dicho encuentro se realizó en Mburuvicharoga, recordó.
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Agregó que también trabajará para que el Congreso apruebe, cuanto antes, una nueva ley de lucha contra el contrabando con penas más duras a los “grandes financistas” de las cargas ilegales y que permita a las autoridades realizar allanamientos más efectivos en propiedades privadas donde ocultan las cargas.
Sin embargo, el diputado cartista Walter Harms, representante de Itapúa, se mostró en contra de investigar al juez denunciado y de crear leyes que perjudiquen solo a los paseros de frontera para quedar bien con la UIP. Dijo que existe una división de poderes y que el gremio puede hacer la denuncia donde corresponde.
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Jorge Ávalos Mariño (PLRA), pidió corregir la resolución ya que planteaba un enjuiciamiento directo y recordó que para una investigación de oficio se requieren seis votos de los ocho miembros del JEM. Hugo Richer (FG) salió al paso de las expresiones de Harms y sostuvo que el pleno estaba autorizado a pedir la investigación del juez denunciado.
Auditorías a CDE y Central
Por otro lado, la diputada cartista Del Pilar Medina (ANR, HC) presentó sobre tablas un proyecto de resolución que insta a la Auditoría del Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República a fiscalizar la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
La parlamentaria dijo que Prieto arrastra 19 denuncias de irregularidades en su contra. La resolución fue aprobada por mayoría.
Por su parte, el pleno también aprobó una resolución que insta al Ejecutivo a auditar la gestión del gobernador de Central Hugo Javier González (Imputado, cartista). Esto fue a pedido de la bancada de diputados de Patria Querida.
En otros puntos, el pleno aprobó un pedido de informe al Ministerio de la Mujer, presentado por los senadores oficialistas Lilian Samaniego y Arnaldo Franco, que sobre las acciones concretas de esta cartera en la lucha contra los feminicidios. Los legisladores también presentaron un pedido de informe sobre el relleno de humedales.
A pedido de la diputada cartista Del Pilar Medina también se aprobó un pedido de informe al IPS sobre la desvinculación de 20 profesionales de la Salud en hospitales regionales de Salto Guaira y Curuguaty.
Así también se aprobaron pedidos de informes al Viceministerio del Transporte sobre acciones contra las reguladas de buses. La presentación estuvo a cargo del diputado oficialista Hugo Ramírez.