La representante del Ministerio Público (MP) María Estefanía González confirmó a ABC que no imputó a persona alguna respecto a presuntas irregularidades en las gestiones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez. Los demás integrantes de la comisión son los representantes de las municipalidades, Ricardo Núñez Giménez (hermano del diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez), y de gobernaciones, Rubén Antonio Rousillón, del Ministerio del Interior, Omar Rodrigo Mongelós (hermano del titular de la Sinafocal, Alfredo Mongelós) y la titular de la Dirección Nacional de Beneficencia y Asistencia Social (Diben), Carmen Alonso.
Consultada acerca de la demora en decidir una imputación, la fiscala respondió que sigue relevando informes. Requerida sobre los documentos recibidos, indicó que todas las instituciones brindaron lo solicitado, entre los que se encuentran Conajzar, Tributación, Hacienda, la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República, Secretaría Anticorrupción y la Procuraduría General de la República.
Lea más: Titular de la Diben, de sicóloga a potentada ganadera en sólo tres años
A fines de agosto último, los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey (ambos del Frente Guasu) y Enrique Bacchetta (ANR) denunciaron ante la Fiscalía la adjudicación de la explotación de la quiniela a la firma Technologies Development of Paraguay SA (TDP) del expresidente Juan Carlos Wasmosy. En su presentación argumentan que ello ocurrió pese a que la misma se encontraba morosa de tributos. La firma admitió no haber pagado argumentando una acción pendiente en ese momento en la Justicia. Se trata de un negocio de US$ 127 millones anuales.
Con relación a las tragamonedas, hubo cuestionamientos al contrato firmado entre Conajzar y la empresa iCrop, de Lucy Sy (de nacionalidad china taiwanesa), ya que “regulariza” el uso de tragamonedas en sitios prohibidos, tales como despensas, bares y otros locales no exclusivos de juegos de azar. La expectativa de recaudación mensual es de US$ 1,5 millones, de los cuales solo el 30% quedará al Estado y el resto a la empresa privada.
Lea más: Misteriosa firma es la responsable de "regular" máquinas tragamonedas
Con relación al canon, los legisladores cuestionaron la reducción ilegal a concesionarias con la excusa del pandemia, sobre todo porque la recaudación va a la Diben para ayuda social.
La senadora Martínez expresó su temor de que el caso quede en el “freezer”, tal como se vio en otras causas. “La Fiscalía es la responsable de la impunidad que tienen en el Paraguay los sectores de poder”, criticó.
Lea más: Conajzar desautorizó al presidente de la República, confirman documentos