El programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV los domingos de 19:00 a 20:00, analizó anoche el caso de la “caja paralela” que supuestamente funcionaba en la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Mario Ferreiro como intendente. El abogado Guillermo Ferreiro criticó la acusación de la fiscala Stella Mary Cano y a la jueza de Garantías Alicia Pedrozo por elevar a juicio oral la causa.
“El relato de la Fiscalía no tiene ningún sustento, no existe una sola prueba que confirme la hipótesis de la acusación. Aun así el caso fue elevado a juicio oral y eso pasa porque los juzgados de Garantías se han convertido en secretarios del Ministerio Público”, expresó el profesional que representa al exintendente capitalino.
Ferreiro agregó que las propias evidencias que el Ministerio Público presentó prueban el “burdo montaje” que se hizo para involucrar al entonces jefe comunal en una supuesta recaudación paralela que funcionaba en el municipio. Añadió en ese sentido que la hipótesis de la Fiscalía habla de presuntos pagos irregulares a empresas proveedoras de la municipalidad, no de recaudación ilícita.
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El letrado confirmó que el 30 de diciembre de 2021 apeló la resolución que eleva a juicio oral la causa, pero solo en lo referente a la decisión de la jueza Alicia Pedrozo que rechazó varias pruebas que la defensa considera claves. “Yo quiero ir a juicio oral porque tenemos todos los elementos para destrozar a la fiscalía”, dijo Guillermo Ferreiro.
“Hay suficientes pruebas”
Por su parte, el querellante adhesivo Alfredo Guachiré, quien también estuvo como invitado en el programa de ABC TV, celebró que el caso llegue a juicio oral e indicó que hay suficientes pruebas para demostrar que Mario Ferreiro es culpable de los hechos punibles que acusó la Fiscalía: coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias.
Negó que el caso tenga un trasfondo político y afirmó que es la defensa de Mario Ferreiro la que miente sobre los hechos investigados.
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Además de al exintendente de Asunción, la fiscala Stella Mary Cano acusó al exsecretario de Gabinete de la Intendencia, Carlos Mancuello Ríos, y su exasistente Víctor Ocampos Fernández, por lesión de confianza y tráfico de influencias; al exdirector de Recursos Humanos del municipio, Aureliano Servín Maldonado, y a la exdiputada Rocío Casco, por supuesta coacción, coacción grave y tráfico de influencias; y a los sobrinos del exintendente, Fernando Ferreiro Ayala y Roberto Ferreiro Paz, por supuesto tráfico de influencias.