El juez de Garantías Miguel Ángel Palacios suspendió la audiencia preliminar en el caso conocido como los “tapabocas de oro” en la Dinac, que estaba prevista para las 8:30 de hoy, debido a que el expediente principal de la causa fue remitido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El secretario de la dicha sala del máximo tribunal, Julio Pavón, solicitó al Juzgado el expediente atendiendo que dicho órgano dio trámite a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el acusado Fernando Gallardo de Brix, bajo patrocinio de los abogados Rodrigo Yódice y Arturo Daniel.
El planteamiento realizado es contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó el rechazo a la excepción de falta de acción, que fue presentada contra la continuidad del presente proceso penal, alegando que el presunto daño patrimonial ocasionado a la Dinac ya fue reparado integralmente.
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Los acusados en la causa son el extitular de la Dinac Édgar Melgarejo, el excoordinador de Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar González, el exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix, la ex gerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez, el ex director financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global S.A” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
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Según la hipótesis de los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
La acusación fiscal señala que Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Proyectos Global SA, tenían conocimiento de antemano acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30 h en oficinas de la Dinac.
El perjuicio patrimonial estimado por la Fiscalía es de G. 119.960.000. “Las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y además las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económicos”, destaca la acusación.
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Si la Sala Constitucional hace lugar a la acción planteada por la defensa de Gallardo de Brix los acusados serán blanqueados y el primero de los escándalos de corrupción ocurridos durante la pandemia por el covid 19 quedará en el oparei.