Andrés Casati, uno de los abogados del gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), dijo a ABC TV que fueron presentados varios recursos tras la imputación de su defendido por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, presentada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera el pasado 1 de noviembre.
Esos agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y el fiscal Diego Arzamendia, quien se unió recientemente al equipo, investigan la ejecución de G. 3.682 millones que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central hace un año para la reactivación económica durante la pandemia de covid-19.
En la rendición de cuentas del gobernador González aparecen facturas clonadas, entre otras irregularidades que fueron confirmadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
En la causa fueron imputadas 15 personas, incluido el gobernador.
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Casati advirtió que la defensa del gobernador analizará “al extremo” la resolución del Tribunal de Apelaciones que confirmó ayer a la jueza María Elena Cañete como encargada de la causa de la Gobernación de Central.
“Vamos a analizar al extremo la resolución, pero quedaron recursos pendientes de resolución como una reposición también a la convocatoria de audiencia de imposición de medidas que se había dado la primera vez que todavía no se resolvió, puesto que existe pendiente también el estudio de una nulidad de la imputación que hemos presentado primariamente al inicio de este proceso”, dijo el abogado.
Asimismo, el letrado considera “que la imputación es incongruente” porque “no se dan los presupuestos del artículo 302 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la imputación en atención de que el Ministerio Público no describe taxativamente los hechos que habría cometido el gobernador o los hechos fácticos que se puedan subsumir en una conducta”.
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Casati aseguró que mientras no se resuelvan los recursos pendientes es imposible que la imposición de medidas se lleve a cabo.
“Técnicamente es imposible. Entendemos la avidez de ciertos sectores políticos y económicos que quieren ya ocupar la silla del gobernador, pero me temo que van a tener que esperar hasta que termine su periodo, puesto que el requerimiento político ya fracasó (se refiere a la intervención) y ahora nosotros nos encargaremos de la defensa jurídica o la defensa técnica del gobernador”, afirmó Casati.
Anunció más chicanas
“Hay varios recursos pendientes por resolver y más lo que iremos analizando que creamos que sean convenientes la salud del proceso penal, puesto que nosotros como auxiliares de la justicia no podemos permitir que el campo político invada el campo jurídico”, dijo el abogado.
El Tribunal de Apelaciones rechazó ayer la última chicana de la defensa del gobernador González, representada por Casati, Fausto Portillo y Arturo Daniel.
Los camaristas Bibiana Benítez Faría, Arnulfo Arias y Andrea Vera confirmaron ayer a la jueza María Elena Cañete como encargada de atender la causa sobre facturas clonadas, desembolsos sin justificación a organizaciones no gubernamentales y aparentes pagos por obras ya existentes.
Ahora la magistrada tiene vía libre para fijar una fecha para la audiencia de imposición de medidas al administrador departamental y los otros 15 imputados.
Sin embargo, al ser consultada la posible fecha en que se llevará a cabo la audiencia, la jueza Cañete dijo que el Tribunal de Apelaciones aún no la notificó de su confirmación en la causa.
Se presume que recién entre la primera y segunda semana de enero habrá novedades.
La defensa del gobernador Hugo Javier González presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio, alegando que la jueza Cañete no tiene competencia en la causa, y proponiendo que la misma sea apartada y que el caso sea responsabilidad de la jueza Clara Ruiz Díaz.