Una vez creada la comisión le corresponderá revisar toda la documentación de las tierras identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, del año 2008, se solicitarán informes u opiniones de juristas, entidades, públicas o privadas para emitir dictámenes.
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El objetivo de la comisión apunta a establecer e implementar mecanismos de participación social del movimiento campesino; de movimientos de lucha por la tierra y la vivienda digna en el ámbito urbano; de organizaciones de derechos humanos; de universidades; y de otros sectores sociales comprometidos con la plena garantía de los derechos humanos en el país, para la definición de los mecanismos legales que permitan la recuperación de las tierras malhabidas, señala el documento.
<b>La integración</b>
La comisión nacional estará compuesta por seis representantes de la Cámara Alta, seis de la Cámara de Diputados, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), un representante del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), un representante del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), un representante de la Defensoría del Pueblo, y un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La comisión dependerá administrativa y presupuestariamente del Senado.