El presidente de la Comisión Permanente de la Junta Departamental de Central, el concejal Enrique Ojeda (ANR cartista), convocó ayer a una sesión extraordinaria para hoy al mediodía. En la ocasión estaba previsto tratar el pedido de informes realizado por la fiscal Natalia Fúster en el marco de la investigación de la transferencia de G. 5.185 millones que la administración de Hugo Javier realizó a favor de la Asociación Tekove Servicio de Acción Social, representado por Nicolás Rivas Bogado.
Sin embargo, el mismo convocante el edil Ojeda fue uno de los ausentes en la sesión, además de los colorados cartistas Derlis Maciel, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia y Crispín Vallejos. También estuvieron ausentes los miembros de la bancada de Añetete, Gustavo Maciel, Jadiyi Ibarrola, Óscar Delvalle, Emilse Bobadilla y Gustavo Machuca.
Los otros faltantes fueron Miguel Villagra del Partido Patria Querida y los liberales Jorge Rolón, Atilio López y Adrián Billy Vaesken.
De 21 concejales solo estuvieron presentes los liberales Mario Aguilera (presidente de la Junta), Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Laura Moreira, Derlis Larroza, Benita Jara y Dilio Ortiz.
La agente Natalia Fúster de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitó a la Junta Departamental de Central que informe sobre la firma de convenios entre la Gobernación de Central y la Asociación Tekove Servicios de Acción Social, para el desembolso de G. 5.185 millones, “para obras de carácter social”.
En el artículo 20 de la Ley Orgánica del Gobierno Departamental en su inciso K, dice la normativa; que es atribución de la Junta Departamental “Aprobar o rechazar los Convenios de Cooperación firmados por el Gobernador”.
A partir de esto, la Fiscalía solicitó a los concejales “informen si la Junta Departamental ha tomado alguna medida en relación a los convenios Nº 2, 3, 4 y 5, que conforme a la información brindada, no se ha cumplido con los establecido en la Ley Orgánica Departamental”. La solicitud es de fecha 16 de diciembre, tuvo mesa de entrada en la secretaría de la Junta el pasado 23 de diciembre y el plazo de contestación fue de tres días hábiles, es decir, venció hoy.
La fiscal Natalia Fúster tiene a su cargo la investigación referente al desembolsó de G. 5.185 millones, que la administración del gobernador Hugo Javier hizo en un solo día a través de seis cheques consecutivos, el 30 de septiembre de 2021. En principio, se investiga los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción y uso de documentos no auténticos y lavado de dinero.
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En noviembre la agente allanó la oficina de la ONG Tekove de Nicolás Rivas Bogado y también la constructora “DL Architecture, Proyectos y Construcciones” de Noelia Asunción Rodas Maciel, quien recibió G. 4.976 millones, parte del desembolso. La transferencia a la firma fue hecha por Tekove en octubre, apenas un mes después de haber recibido el fondo de la institución departamental. En ambos lugares los intervinientes no encontraron facturas que avalen la ejecución de casi un millón de dólares.
El dinero fue depositado en cuentas del Banco Nacional de Fomento (BNF), cuyos directivos, luego del sospechoso y veloz movimiento de dinero alertaron a los fiscales de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia. Los agentes comunicaron el hecho inmediatamente a Fiscalía Adjunta, ésta a su vez designó a Fúster para la investigación.
Hugo Javier González, cartista, fue imputado junto a otras 14 personas por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en otra causa donde se investiga la ejecución de G. 6.382 millones, fondo de emergencia sanitaria por covid-19, otorgado por el Ejecutivo en 2020.
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También, el gobernador carga con otra investigación donde más de G. 18.300 millones no tienen respaldo documental que justifiquen el destino del dinero que fue transferido a varias oenegés, durante el año 2019. Este hecho investiga el fiscal Juan Manuel Ledesma, por los supuestos hechos de lesión de confianza, producción y uso de documentos no auténticos y lavado de dinero.