La ocupación de un sector de la propiedad se produjo en el 2010 por parte de unas 40 familias que de a poco fue creciendo en cantidad de ocupantes. Según el dueño de la tierra, la misma tiene una extensión de 1.800 hectáreas y en reiteradas veces ha manifestado que no quiere vender el área ocupada por los campesinos.
El procedimiento realizado en octubre estuvo a cargo de la fiscala de San Estanislao, Lilian Ruiz. En la ocasión, los intervinientes destruyeron una gran parte de la producción agrícola, un local escolar, la capilla del asentamiento y todas las viviendas.
Además, fueron sacrificados muchos animales menores como gallinas, patos y cerdos que quedaron abandonados en el sitio, de acuerdo a una denuncia pública hecha por referentes de organizaciones campesinas que están acompañando nuevamente el ingreso a la propiedad privada.
El dirigente Pedro Ramírez mencionó que las familias afectadas están retornando con más fuerza para resistir a cualquier intento de desalojo. También aseguró que ellos no quieren que se les regale ni un pedazo de la tierra que ocupan, por lo que insistió en que el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tiene que ver la manera de llegar a un acuerdo con el dueño para que se pueda legalizar el asentamiento que ocupan desde hace 11 años.
“La gente en esta oportunidad está volviendo con mucha fuerza en el mismo predio de donde fue obligada a abandonar después del último procedimiento que se realizó, donde la comitiva fiscal-policial no tuvo ninguna consideración para destruir todo lo que encontraba en el lugar”, refirió Ramírez.
Se va a actuar conforme a derecho
Sobre el tema, contactamos con la fiscala Lilian Ruiz, quien respondió que se va a actuar conforme a derecho y que serán todos imputados.
También tratamos de contactar con el señor Miguel Ángel Montaner, pero los dos teléfonos de líneas diferentes a los que llamamos estaban apagados.