“Es lamentable que la actual presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) haya otorgado en tiempo récord valiosas tierras a gente vinculada al narcotráfico, mientras que a campesinos paraguayos le hace esperar indefinidamente”, declaró el abogado Hugo Waldino Lovera.
Indicó que el caso de las adjudicaciones a favor de Gabriela Magali Ortellado Talavera y su hermana Verónica Elizabeth Ortellado Talavera, de lotes colindantes de 4.000 hectáreas, considerando la celeridad y a los vínculos que surgieron en torno a las denuncias hechas por redes sociales y por la prensa, es una prueba más de que en el Indert está empotrada una rosca corrupta. Añadió que las mismas no cumplirían los requisitos establecidos para ser beneficiarias de las tierras públicas.
Señaló que por dicho sospechoso caso, la titular del Indert debería ser investigada en profundidad, no es un hecho aislado, porque hay casos similares que fueron denunciados en los últimos 10 años contra la institución.
Por su parte el Abog. Dionsnel Pereira manifestó que el Indert hace la reforma agraria para narcos y extranjeros antes que para campesinos paraguayos, sujetos del estatuto agrario, por eso su presidenta debería ser investigada por los entes pertinentes e interpelada.
Según los datos que manejan Pereira y Lovera, existen unas 11 millones de hectáreas de tierras malhabidas y que están agotando las instancias de denuncias y reclamos en los tres poderes del Estado.
Por su parte, la presidenta del Indert, Abog. Gail González Yaluff, defendió las cuestionadas adjudicaciones a favor de Gabriela Magali Ortellado Talavera y su hermana Verónica Elizabeth Ortellado Talavera. Afirmó que cada una fueron otorgadas de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley 1.863/2002 del Estatuto Agrario. Pero solo con el objetivo de transparentar totalmente los expedientes resolvió revisar todo el proceso desde el punto de vista técnico y jurídico.
Agregó que por eso ordenó frenar todo trámite administrativo de los expedientes N° 10919/2020 y 10920/2020, a los efectos de revisar los procedimientos de adjudicación de un total de 8.000 Ha. en la colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay.
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Versión del Indert
Respecto a la denuncia que vincula a dichas beneficiarias con gente relacionadas al narcotráfico, González Yaluff respondió que la actividad comercial particular de los recurrentes escapa a la jurisdicción del Indert, pues el ente está obligado a cumplir los lineamientos legales establecidos para la solicitud y adjudicación de inmuebles de su patrimonio.
El argumento del Indert es que cada fracción del Indert en el Chaco tiene 4000 Ha. pues es la superficie requerida para actividades agropecuarias, establecidas en el Estatuto Agrario, cuya actividad requiere de inversiones muy superiores a las realizadas en la Región Oriental. “Las recurrentes Gabriela Ortellado y Verónica Ortellado pagaron el 25 por ciento del valor total del lote de 4.000 Ha. que le corresponde a cada una en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la ley”, justificó.
Igualmente, argumentó que el Indert está luchando contra la corrupción, y puso como ejemplo el caso de la estancia El Tigre, en la Región Occidental (Chaco), donde 16.000 Ha. que eran explotadas al margen de la ley (narcotráfico), las cuales fueron recuperadas y transferidas a las Fuerza Aérea Paraguaya por ubicarse en un lugar estratégico para la defensa de la soberanía nacional.
“Dicha recuperación fue el resultado de un procedimiento fiscal basado en comprobaciones fehacientes, ya que el establecimiento era utilizado para otros fines y no para los que había sido otorgado en su momento”.
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