La hipótesis delictiva planteada por el Ministerio Público en el caso de los tapabocas consiste en la existencia de un esquema delictivo para la comisión de un fraude en perjuicio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), decía la imputación que presentó en su momento el fiscal Osmar Legal contra el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo; el exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Marcelo Ovelar González; el exgerente financiero Juan Carlos Turitich Báez; el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando José Gallardo de Brix; y la exintegrante del Comité Evaluador, Luz María Chamorro.
La sospecha de que se conformó una asociación criminal fue corroborada mediante la acusación presentada por la fiscalía, que habló de un perjuicio de G. 59 millones, con la compra sobrefacturada de tapabocas, de la firma Proyectos Global SA, de Katherina Pamela Toñánez y Carlos Franco Vargas, quienes también fueron procesados.
Sin embargo, los involucrados en el esquema delictivo, como apuntó la fiscalía, podrían ser blanqueados mediante la reparación del “daño” a la Dinac.
La defensa de Melgarejo ya agregó al expediente la devolución de G. 119 millones (monto total de la compra), además de un dictamen de la Procuraduría General de la República, en el cual se resalta que el Estado ya no tiene nada que reclamar a los acusados.
Los abogado hacen referencia al artículo 25 del Código Procesal Penal, numeral 10, en donde se refiere como uno de los motivos de extinción es la reparación del daño a la víctima, en este caso Dinac y la Procuraduría por el Estado paraguayo.
Los defensores de algunos procesados incluso ya plantearon que el Ministerio Público ya no tiene competencia, lo que fue rechazado en primera y segunda instancia y tiene que ser resuelto por la Corte (Sala Constitucional).
Caso Rivas
En el juicio oral al diputado colorado cartista, Tomás Rivas, los jueces Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate y la disidencia de Cándida Fleitas, declararon la extinción de la acción y resolvieron el sobreseimiento definitivo del legislado procesado por el caso de los “caseros de oro” (condenados a dos años en juicio oral).
Los magistrados tuvieron en cuenta un acuerdo que firmó Rivas con el presidente de Diputados, Pedro Alliana, en el que se resalta que el acusado “reintegró” G. 121 millones a la Cámara Baja y con ello reparó el daño. Esto fue confirmado por el Procurador General, citado en el juicio. Lo mismo se podría dar en caso Dinac.
Caso Petropar
En el proceso a Patricia Samudio, extitular de Petropar y su pareja Costa Perdomo, también se devolvió la suma de G. 359 millones. Dinero que se había destinada para la compra de agua tónica y otros productos, que nunca ingresaron a la institución, según fiscalía.
Si se considera el caso del diputado Tomás Rivas, este causa también se extinguiría. Sin embargo, la fiscala de la causa Liliana Alcaraz había manifestado que el Ministerio Público se opone y que se tiene que contar con el acuerdo de la fiscalía.
Cuatro procesados en causa Petropar tuvieron salida alternativa con la donación de una ambulancia.