Al terminar la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ministro de Corte Manuel de Jesús Ramírez Candia dijo: “Se reclama la intervención (del Jurado) en un caso bastante conocido, un hecho notorio, se reclama la intervención específicamente a la remisión que hizo el tribunal de sentencia a la Fiscalía sobre las actuaciones de fiscales y jueces, en ese sentido, creo que este Jurado tiene que necesariamente esperar esa sentencia, y posteriormente si corresponde requerir las informaciones correspondientes, proceder a estudiar si amerita o no iniciar alguna investigación”, solicitó el alto magistrado al pleno del Jurado este martes.
Ramírez Candia también dijo: “Es un hecho que no podemos dejar pasar y tenemos que señalar que nosotros tendremos que estar a la espera de la sentencia, que seguramente va a arrojar mayores datos con relación a la cantidad de expedientes y de sujetos involucrados”, haciendo alusión a los “aprietes” que realizaron los operadores de justicia a favor de Ramón González Daher para que este pueda cobrar de forma excesiva y coercitiva los préstamos que concedía.
El tribunal de sentencia presidido por la jueza Claudia Criscioni que condenó a 15 años de prisión a Ramón González Daher el viernes 10 de diciembre pasado, manifestó que además de la usura, el exdirigente deportivo luqueño utilizaba a la justicia para realizar “aprietes”, por lo que afirmó que el Ministerio Público está obligado a indagar. “La Fiscalía tiene que hacer un análisis caso por caso para ver y esclarecer qué es lo que pasó con las 156 víctimas de usura. En un Estado de Derecho esto no debería haber ocurrido”, había dicho la magistrada.
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Fernando González Karjallo, hijo de González Daher, fue condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero. En el juicio oral se ordenó el comiso de US$ 47 millones.
“Agentes de cobranza”
También el escribano Ramón “Tati” Zubizarreta, quien declaró como testigo en el juicio oral, afirmó al tribunal de sentencia que el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestaron al clan para la extorsión grosera a las víctimas.
“Utilizaron a los fiscales y jueces de Luque, que era el campo de batalla del clan. El Poder Judicial y el Ministerio Público eran los campos donde se operaba la extorsión y la amenaza a las víctimas. Sin ningún tipo de compostura los fiscales y jueces entraban a operar como agentes de cobranza del clan”, enfatizó.