La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC), planifica desarrollar una reunión con los sectores interesados en el proyecto de ley “De los juegos de azar y su regulación”. Será mañana, a partir de las 9:00, en el salón vip de la citada cámara y se espera la participación del viceministro de la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET), Óscar Orué; del titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, además de los representantes de empresarios de juegos de azar, como de la Cámara Paraguaya de Juegos de azar, Aníbal Salomón, las asociaciones paraguayas de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), Adriana Gorchs, Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, y por parte de los trabajadores, del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Quiniela y Afines, Felipe Gómez.
La propuesta que será analizada trata de la que fue presentada en 2019 por el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, que pretende convertir el organismo en una Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar). Ese mismo año, también presentó un documento similar el expresidente de Conajzar Javier Balbuena, a iniciativa parlamentaria.
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Los empresarios del rubro cuestionaron la falta de criterios técnicos en la propuesta, además de la carencia de apertura de parte de los legisladores. Destacaron como llamativo la celeridad con la cual se quiere aprobar la propuesta, sin que exista posibilidad de que sea analizada a profundidad, destacaron. De hecho, está en el quinto punto del orden del día de este miércoles 15 de diciembre.
La citada iniciativa fue aplazada la semana pasada por ocho días. Diputados de la oposición pidieron incluso una audiencia pública para analizar el documento. Sin embargo, el diputado Justo Zacarías Irún (ANR, HC) consideró que el proyecto ya debía ser estudiado.
Oscuro y sin criterios técnicos
Lorena Rojas cuestionó que el proyecto carece de criterios técnicos que fomenten la industria del juego responsable y tampoco se aprecian aspectos que contemplen la atención sanitaria de los jugadores. “Vemos que este proyecto es discrecional, monopólico, selectivo y oscuro”, recalcó.
En el capítulo de los principios generales de la legislación, en el artículo 9, dispone el principio de transparencia y acceso a la información, principalmente lo concerniente a “los procesos de concesiones, las reglas de participación, en los juegos y las adjudicaciones de premios”. Sin embargo, en el capítulo de concesiones, que se encuentra dividido en secciones, no se aprecia ningún mecanismo de transparencia y de libre participación, ni siquiera similar a lo establecido a la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, o lo dispuesto en el proyecto de ley de Contrataciones Públicas, que se encuentra en estudio en el Congreso. Un aspecto clave sería disponer en la web de todos los documentos vinculados al proceso de la concesión, quiénes son los oferentes, lo relacionado a la creación de la sociedad, entre otros detalles.
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Esta situación no es un detalle menor debido a la serie de inconvenientes para obtener documentos a través del Acceso a Información Pública (AIP), a pesar de que está garantizado por la Constitución Nacional y se reglamenta a través de la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental. Ortiz incluso impidió el ingreso a la sede de la citada comisión de un equipo periodístico de ABC.
Los derechos de explotación y regulación de los juegos de azar son exclusivos del Estado, y puede explotarlos a través de concesionarios, cuya actividad se ajusta a las disposiciones vigentes. Para ello, se establece como mecanismo la licitación, que en la propuesta establece que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) será de exclusiva elaboración de la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), cuyo plazo máximo de otorgamiento es de 5 años, y ahora se sugiere aumentar a 10 años la vigencia del mismo.
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El negocio de la quiniela
Un cuestionamiento unísono de empresarios y trabajadores es que se mantenga el monopolio de la quiniela, que actualmente está a cargo de la empresa Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, sin que exista claridad de criterio. Se trata de un negocio que mueve US$ 127 millones anuales.
Además de mantener el monopolio, se sugiere aumentar a cinco cifras los números para realizar las apuestas. Esta situación fue denunciada por los quinieleros que desmotivará el juego, ya que disminuyen considerablemente la posibilidad de realizar aciertos, y así sólo la empresa recaudará más y pagará menos en impuestos.
Denunciaron además que no se establecen criterios que formalicen la labor del quinielero, y que incluso cada vez se encuentra en peores condiciones, sin que las autoridades realicen nada al respecto. Cuestionaron que son obligados a firmar contratos cuyos términos incluso no les resultan favorables.
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