Ante las innumerables irregularidades que saltaron con millonarias sumas de dinero en transferencias a varias ONG, Hugo Javier González tenía fijada para esta mañana la audiencia ante los legisladores.
En una parte de su rápida salida para intentar evadir a la prensa, sostuvo que “si el proyecto es viable, si es legal, se lleva, y es lo que se hizo”.
Ante la consulta sobre el supuesto apoyo del Movimiento Colorado Añetete, dijo que “nunca se sabe qué puede pasar y hay que esperar”. Acostó que “no hay lesión de confianza porque las obras están”.
“Los diputados van a decidir. Yo ya presenté los documentos, que es lo que me corresponde”, refirió. Luego, ya no se quedó a seguir respondiendo los cuestionamientos. Desconoce que el cartismo esté operando para “salvarlo” de la intervención. Desmiente el pago doble por varias obras.
El abogado defensor, el también cartista, Bernardo “Lalo” Villalba negó que hayan fallas administrativas, pero argumentó que nadie sabe cuándo le entregan facturas clonadas.
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Obras están, pero se pagaron dos veces por las mismas, según entes de control
Lo que estaría tratando de hacer el cartista, es desmentir que se trate de obras “fantasmas” al estar culminadas o en ejecución, sin embargo, en la mayoría de los casos, no se trata de que la infraestructura no esté, sino que aparentemente se usaron obras ya pagadas para desviar otros fondos.
Los reportes de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Fiscalía son contundentes.
Hugo Javier habría hecho figurar pagos dobles por las mismas obras, o en algunos casos se sospecha que hicieron figurar obras ya iniciadas para presuntamente justificar el desvío de los fondos que debían ser destinado a la reactivación económica tras la actual pandemia.
El plan para querer justificar los gastos
La SET halló que la administración del gobernador cartista pagó dos veces por la refacción de una capilla en Luque o en reparar el mismo tramo de una calle en Lambaré.
En el caso de esta calle San Ignacio, Hugo Javier usó primeramente unos G. 800 millones para “reparar” la arteria y luego volvió a pagar otros G. 750 millones para volver a “rehabilitar” el mismo tramo.
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La Fiscalía en su imputación también menciona varias obras que presuntamente ya estaban hechas, y que la gobernación aparentemente hizo figurar para justificar otros desembolsos.
Otra situación serían los pagos por el “asfalto para el acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario” en Areguá, donde según la Fiscalía, las obras ya estaba entre septiembre y octubre de 2.019, sin embargo, figura como una de las obras supuestamente hechas por el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), con los fondos covid.
Con esto se explica que las obras ya estaban en 2.019, sin embargo, los fondos para la reactivación económica recién fueron otorgados por el Ejecutivo en noviembre del 2.020.
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Otro alevoso caso, es el de la construcción de la ciclovía de Guarambaré, cuyo avance de obras el propio Hugo Javier fue a visitar el 19 de febrero de este año. Lo llamativo para la SET es que el contrato de la obra recién se firmó el 2 de marzo, más de una semana después.
Para miembros de Comisión Especial es necesaria la intervención de la gobernación
El miércoles en sesión ordinaria de Cámara Baja se definiría el futuro del “ahijado” político de Horacio Cartes y la oposición que integra la Comisión tiene su postura definida.
Dijeron que ya no quieren escuchar más nada, no convencieron tanto Villalba como Hugo Javier y amerita la intervención.
“Que hay sospechas hay, según la documentación, González administró U$D 70 millones, no importa lo que diga, necesitamos que un técnico definido por el Poder Ejecutivo investigue”, recalcó la diputada Kattya.
Otros dijeron que el exanimador no presentó documentación respaldatoria de G. 18 mil millones en el 2.019, y si hay fallas administrativas hay delito, especificó el liberal, Edgar Acosta.
Se necesitan de 44 votos para la aprobación y los votos de varios colorados serán clave. El cartista está imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.