Los agentes del Ministerio Público realizaron un allanamiento esta madrugada en la propiedad de la familia Sopeña, ubicada sobre la calle Leonismo Luqueño y Felipe González, del Cuarto Barrio de esta distrito. Policías del Departamento de Investigación acompañaron el procedimiento y quedaron custodiando el lugar por orden fiscal.
Los guardias privados que custodiaban el terreno intentaron, en principio, impedir el acceso de la comitiva fiscal; sin embargo, finalmente abrieron el portón principal.
Los intervinientes exigieron a los mismos los datos de la persona que contrató el servicio de seguridad, pero se negaron a colaborar. Ante esta situación, las ocho personas fueron detenidas con fines de declaración indagatoria.
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La fiscala Ledesma manifestó que ayer por la mañana ingresó en su unidad la denuncia sobre el caso y luego de cotejar los datos patrimoniales quedó demostrado que el inmueble pertenece a la familia Sopeña.
“Estamos investigando varios hechos. La denuncia en sí consiste en que con una orden judicial posiblemente falsificada, adulterada, con la firma de una juez que ya falleció, se realizó un desalojo sin el A.I. (Acto interlocutorio) de desalojo que se había ordenado. No se encuentra el expediente tampoco, hasta el momento no apareció la supuesta denunciante del juicio civil por el cual se había realizado el desalojo. Estamos investigando quiénes son las personas que estarían implicadas en este hecho punible. También al realizar este allanamiento le preguntamos a los guardias quiénes son las personas que los contrataron y ellos no quieren dar nombres. También hablamos con la gerente de la empresa vía telefónica y tampoco quiso dar datos; en síntesis, no saben para quién trabajan”, manifestó Sandra Ledesma.
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La agente agregó además que todavía no se tiene conocimiento de los hechos punibles que afrontará el verdadero responsable. “Iniciamos con una producción, continuamos con una apropiación, y así van sumando los hechos punibles que vamos investigando. Tenemos el título de propiedad en la familia (Sopeña), todas sus pertenencias están en este lugar. Este equipo de trabajo está investigando quién está detrás de todo esto”, indicó la representante del Ministerio Público.
Por su parte, el abogado de la familia afectada, Eduardo Bernal, sostuvo que no existe el expediente en el Juzgado Catedral de Asunción. También dijo que el juicio tampoco existió. Aseguró que detrás del caso “hay una rosca mafiosa” y afirmó que llegarán a los verdaderos responsables.
También señaló que en el libro de entrada del Juzgado tampoco existe registro alguno sobre el expediente del caso. Agregó incluso que llama poderosamente la atención la tardanza para la ejecución del desalojo, ya que el mandamiento es de fecha 23 de abril, el oficio de desalojo presentado a la Policía Nacional es de octubre pero recién en diciembre se procedió a la ejecución.
“La casa ya no existe”
Mariano Sopeña, uno de los herederos de la ambicionada propiedad, lamentó la irreparable destrucción ocasionada en el inmueble, donde derribaron añosas plantas de trébol y otras especies nativas, además de eliminar varias nacientes. Hasta la casa fue demolida.
“La casa ya no existe. Hicieron un desastre con la simple intención aparente de herir, destruir, no entiendo quién hizo esto y por qué hizo esto. Todo está destruido, lagunas tapadas, árboles cortados. Tuve una semana horrible. Todo destruido: la cocina, los baños, los dormitorios. No se cómo lo vamos a reconstruir. Es inhabitable. Es una injusticia. Todos los que están detrás deben ir a la cárcel”, dijo el afectado.
Otros allanamientos
Los agentes Ledesma, Galeano y Ledesma Blasser realizaron otros dos allanamientos en busca de elementos vinculados al caso.
Una de las viviendas intervenidas es de la actuaria judicial Mouriel Vera, que firmó la orden de desalojo. Su domicilio está ubicado sobre la calle Yegros y Octava, en barrio Obrero.
La otra propiedad allanada pertenece a Ema Nilza Turo Martínez, quien supuestamente ganó el juicio que en verdad nunca existió. La misma vive en el barrio Vista Alegre sobre la calle Caazapá. La mujer es funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral.