El Tribunal de Apelación Penal, 2ª Sala, integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y José Agustín Fernández, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el abogado Álvaro Arias, defensor del acusado Marcelo Rubén Ovelar González, en contra de la decisión del juez de Garantías Miguel Ángel Palacios, quien había convocado la audiencia preliminar para el pasado 18 de octubre.
La defensa argumenta que hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad que se planteó en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones, que confirmó el rechazo de la excepción de falta de acción, no se puede convocar a audiencia preliminar, teniendo en cuenta que la decisión de la Corte Suprema de Justicia podría poner fin al proceso en caso de que haga lugar al recurso planteado que se había presentado.
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Al respecto el Tribunal de Apelación señalan en su fallo que los artículos 553 y 559 del Código Procesal Penal establecen claramente que “solo en los casos en que se trate de Sentencias Definitivas o Autos Interlocutorios con fuerza de tal, tendrá efecto suspensivo; así como también en aquellos casos en la Corte Suprema de Justicia así lo dispusiere”.
Agrega que en la presente causa no se da esta situación, por lo que no existe impedimento alguno para la realización de la audiencia preliminar, tal como lo resolvió el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios, y resolver si la causa se eleva a juicio oral como solicitó el Ministerio Público.
Esquema delictivo en la Dinac
Según la acusación presentada por los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
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Los agentes de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción puntualizan que este esquema delictivo no solo posibilitó desviar los fondos públicos, sino también causó un perjuicio al patrimonio de la Dinac.
Los acusados en la causa son el exdirector de la Dinac Édgar Melgarejo, el excoordinador de Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar González, el exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix, la ex gerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez, el ex director financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global S.A” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
Estas siete personas están acusadas de lesión de confianza y el Ministerio Público pide que afronten juicio oral y público por la compra irregular de 4.000 tapabocas del tipo KN95 a precio sobrefacturado, teniendo en cuenta que la Dinac pagó G. 35.000 por cada barbijo, cuando el propio Ministerio de Salud Pública había establecido la suma de G. 15.000 como precio tope para ese tipo de mascarillas.