Los concejales departamentales denunciantes manifestaron que existen cuatro responsabilidades en la Gobernación de Central con las irregularidades detectadas: la penal, civil, administrativa y política. Señalaron que se preparó un esquema de saqueo de los recursos públicos.
La concejal Benita Jara (PLRA) dio detalles del informe final de la Contraloría en el que se revela que la Gobernación realizó transferencias a entidades sin fines de lucro durante todo el 2019, sin que las mismas presenten sus rendiciones de cuentas de transferencias anteriores por un importe de G. 18.345 millones.
También mencionaron que la Contraloría observó que la Gobernación otorgó transferencias con fondos de los objetos de gastos 831, 842 (gastos corrientes) y 874 (gastos de capital) por un importe total de G. 2.278 millones en contravención a la Ley 6258/19 del Clasificador Presupuestario.
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El concejal Ever Ferreira manifestó que los recursos públicos de la Gobernación están secuestradas por las fundaciones que transgreden procedimientos administrativos. “No tienen acuerdo institucional de la Junta Departamental”, indicó.
También dijo que fueron transferidos G. 15 mil millones a cuatro ONG’s que no están sustentadas por ley de los cuales G. 3.800 fueron destinados a centros educativos donde sólo el 30 a 40% son utilizados para fines educativos.
Uno de los hechos mas llamativos de auditoría hecha por los concejales fue que la comisión de Apoyo y Fomento de la escuela Divino Salvador del Mundo, de Itauguá recibió de la Gobernación más de G. 500 millones de febrero a diciembre del 2019 para “mejoramiento de local institucional” con lo que sólo quedó una pista a medio terminar, porque la obra fue suspendida. El gasto mensual de la institución es de apenas G. 11 millones.
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Comentaron que en la escuela Santa Teresa de Ávila, de Fernando de la Mora que cuenta con sólo tres funcionarios pero en su planilla de rendición de cuentas figuraban más de 20 personas. Los funcionarios señalaron que no conocían a las personas.
También revelaron que en el Centro Educativo de Villa Elisa se observó una factura por pago de alimentos y bebidas por un mes de G. 43 millones. Sin embargo en el colegio no hay doble escolaridad y tienen merienda escolar.
Los concejales también señalaron que con los informes de Fiscalía el perjuicio patrimonial treparía los G. 51 mil millones. Lamentaron que la Contraloría aún no de a conocer su informe sobre los US$ 1 millones que se les otorgó en pandemia.
Pidieron cárcel
La diputada Kattya González (PEN) indicó que si bien el juzgamiento a Hugo Javier es político cómo no esta ahora en Tacumbú. “Hoy debería estar en Tacumbú a pesar de que esta comisión tiene una obligación del juzgamiento político, porque de la manera que se saqueo la Gobernación del departamento Central es inaudito, al ritmo de cachaca de la manera mas miserable se han robado recursos”, indicó.
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Por su parte la diputada Rocío Vallejo (PPQ) mencionó que existe documentación contundente acerca de las irregularidades y que incluso se violaron varias disposiciones legales.