Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, recibieron hoy más documentos sobre pericias financieras e informes remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, en relación a la importación irregular de celulares de alta gama, entre 2014 y mayo de 2019.
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El fiscal Francisco Cabrera señaló que el próximo 9 de diciembre vence el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo del caso y en ese sentido prosigue el análisis de las facturas que presentaron en la etapa preparatoria correspondiente a los despachos originales presentados por Aduanas.
Dentro de las tareas que llevan a cabo en esta fase final “estamos analizando las pericias que nos trajeron”. Cabrera agregó que esos documentos se solicitaron hace un año aproximadamente, los informes llegaron a tiempo, pero “se volvieron a solicitar nuevos informes porque habían datos que no remitían en la forma solicitada” y que ahora sí lo hicieron.
En otro momento comentó que los datos, especialmente de Aduanas, “primeramente la información vino en planillas y después se pidieron los documentos escaneados. Ambos sirvieron”, pero también se precisaba de las dos evidencias para llevar a cabo la comparación, cuyo análisis será trasladado a la carpeta.
Fiscalía adjunta pidió más información
Dentro de esta causa están procesados por lavado de dinero, asociación criminal y contrabando Liz Paola Florinda Doldán González, Vilma Aidee González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Belén Brunetto Vallet, Manuel Arnaldo Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán González, Julio César Vera Melgarejo, Juan Andrés Noguez Mazier, Miguel Gustavo Gayol Buggia, Armín Arnulfo Vera Franco, Blas Ariel Ferreira Barrientos, Richard Robert Roux Riquelme, Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo, y Reinaldo Páez Velázquez.
En la primera fase del caso, en 2020, ya fue acusado Carlos Gustavo O’Higgins, por producción de documentos no auténticos.
Para una parte de los otros 14 encausados, los fiscales habían solicitado el sobreseimiento definitivo, para otro la suspensión condicional del procedimiento y para uno, el sobreseimiento provisional. Sin embargo, el juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás, había dado trámite de oposición a dicho pedido de los agentes.
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A consecuencia de ello, la fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, rectificó el pedido solicitando el sobreseimiento provisional para los 14 imputados y pidió a los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz complementar la pesquisa del “Operativo Llamada” con 14 diligencias más.
Entre las labores complementarias Machuca enumeró “solicitar a las entidades bancarias donde operan personas físicas y jurídicas, informe los productos contratados (caja de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, préstamos otros), con copia certificada de la carpeta o legajo del cliente”, así como el extracto de cuentas, movimientos financieros en formato digital o Excel.
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Para la Dirección Nacional de Registros Públicos, la remisión de un informe sobre los bienes registrados entre 2017 y 2019, a nombre de las personas físicas y jurídicas; también por la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, la información acerca de los proveedores de las empresas, facturas confeccionadas y guías presentadas.
Al laboratorio forense, la pericia contable para la trazabilidad de los activos y sus justificativos, así como informaciones sobre causas penales abiertas contra los encausados y otros más.
Vínculos
La procesada Liz Paola Doldán González, es propietaria de la firma Mobile Zone, que forma parte de un esquema de evasión de impuestos que importó celulares de alta gama. Las empresas que forman parte de esta estructura importaron teléfonos móviles por US$ 887.436.064, en tanto que en la declaración en el sistema Sofía de Aduanas registraron que fue por US$ 209.135.386, que arroja la diferencia de US$ 678.300.678 evadida.
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Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Doldán -cuya empresa fue sancionada- estaría vinculada con el brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi, quien cayó detenido en agosto pasado en Ciudad del Este y aguarda juicio para ser extraditado a EE.UU, donde se lo requiere por lavado de dinero del narcotráfico.
Antecedentes del complejo caso
- Los antecedentes del caso de megaevasión se remontan al 23 de julio del año pasado cuando el “Operativo Llamada” movilizó a numerosos fiscales y un sinnúmero de agentes policiales para la ejecución de órdenes de allanamiento simultáneo a 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción, en el marco de una investigación de evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678.
-Estarían vinculadas a la evasión las firmas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, entre 2017 y 2019.